El Consejo de Gobierno acuerda impulsar la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Canarias


La nueva normativa ampliará el marco de protección actual basándose en tres pilares: el Registro de Bienes de Interés Cultural, los Catálogos Insulares de Bienes Culturales y el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural.

El Consejo de Gobierno celebrado hoy dio un nuevo impulso la elaboración de la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias que sustituirá, ampliándola, a la actual Ley de Patrimonio Histórico de Canarias.

El Consejo ha tenido conocimiento, y aprobado, el informe definitivo de la necesidad normativa, de la Lista de Evaluación y del texto articulado del Anteproyecto de Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, manifestándose a favor de la oportunidad de la iniciativa, sus objetivos y los principios generales que la inspiran, acordando que se continúe la tramitación del mencionado Anteproyecto de Ley.

La nueva Ley aumentará los conceptos que ‘protege’ la actual, ya que hoy por hoy se quedan fuera de la misma el patrimonio industrial, el bibliográfico o el inmaterial, entre otros aspectos.

También es novedosa la creación de los Catálogos Insulares de Bienes Culturales, como nuevos instrumentos de protección, y el añadido de nuevos preceptos para regular el patrimonio industrial y el bibliográfico, que no venían contemplados en la Ley de 1999.

Con la nueva norma el Patrimonio Cultural de Canarias estará constituido por los bienes muebles, muebles manifestaciones inmateriales de la cultura popular y tradicional, que ostenten valor histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnográfico, paisajístico, industrial, científico o técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Todo ello será contemplado con un ‘principio de unidad’ según el cual “todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Canarias forman parte del legado cultural de esta Comunidad Autónoma, con independencia de donde se hallen situados y de la Administración Pública que tenga encomendada su protección” quedando fijado que el Gobierno de Canarias velará por la investigación, difusión, y en su caso, el retorno a Canarias, de aquellos bienes especialmente representativos del Patrimonio Cultural de Canarias, que se encuentren fuera de su ámbito territorial.

Dicha Ley se pretende poder asistir a las Corporaciones Locales en asuntos de patrimonio cultural; agilizar y actualizar los procedimientos de declaración de Bienes de Interés Cultural, eliminando la ´denuncia de mora´ actual, clarificando las fases procedimentales; ampliar el concepto patrimonial adaptándolo a los convenios internacionales que regulan la materia; regular mejor el principio de coordinación entre las administraciones autonómica y locales y revitalizar el régimen sancionador y la actividad inspectora.

El sistema instrumental para la gestión de todo ello se basará en tres pilares: el Registro de Bienes de Interés Cultural, los Catálogos Insulares de Bienes Culturales y el Catálogo Municipal de Patrimonio Histórico y Cultural.

Dieciocho años después

La norma que ahora se pretende sustituir fue aprobada por el Parlamento de Canarias en 1999 y, en su momento, supuso, un hito en el ámbito del patrimonio histórico, pues nunca antes se había contado con la cobertura normativa necesaria en esta materia, desde que nuestro Estatuto de Autonomía tribuyera a la Comunidad Autónoma de Canarias competencia legislativa en materia de patrimonio histórico y cultural.

La mencionada Ley de Patrimonio Histórico de Canarias pretendía, dentro del marco constitucional, adaptar la materia que nos ocupa a las peculiaridades de nuestro Archipiélago y configurar un régimen jurídico y una articulación organizativa tendente a la protección, conservación, investigación, restauración, difusión y disfrute social del legado cultural de los canarios.

No obstante, el citado texto legal no ha sido inmune al paso del tiempo, en estos dieciocho años de vigencia han surgido nuevos problemas y necesidades, así como nuevos medios y avances en la gestión, a los que debe dar respuesta la Administración, y para ello se comenzó a trabajar en el nuevo texto legal.