La diputada palmera recoge la queja de un importante número de alcaldes, del propio presidente Clavijo y de la patronal de la construcción que ha mostrado su preocupación por el retraso en la gestión de estos fondos en La Palma
La diputada autonómica por La Palma, Lorena Hernández Labrador, ha registrado una pregunta dirigida a la Consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, en la que le pregunta la valoración del gobierno regional por la gestión llevada a cabo en las islas del Fondo de Desarrollo de Canarias, FDCAN, extinto IGTE.
Labrador eleva su pregunta debido al importante malestar que en reiteradas ocasiones han mostrado en La Palma tanto el Grupo Popular en el Cabildo, como un importante número de alcaldes – de todos los colores políticos- e incluso el presidente del Gobierno Autonómico, Fernando Clavijo, y la propia Federación de Empresarios de la Construcción que apuntan un retraso importante en la adjudicación de los proyectos.
La diputado ha indicado que es preocupante que en La Palma a día de hoy las inversiones del FDCAN se encuentren en una absoluta incertidumbre, pidiendo ampliación de plazos al gobierno autonómico para su justificación y sin que se visualice la contratación y el avance en proyectos que como indicó el propio Clavijo deberían suponer un cambio en el modelo económico y social canario.
“Es muy preocupante la situación en la que nos encontramos cuando existen 33 millones para invertir en proyectos en la isla de La Palma, que han sido condonados por el Gobierno de España, y que la absoluta apatía del Gobierno Insular esté generando este malestar entre todos los afectados” ha indicado.
La diputada ha indicado que es completamente surrealista la situación que se está produciendo en La Palma y lo que evidencia es que la absoluta falta de liderazgo político de socialistas y nacionalistas en el Cabildo ha conseguido consensuar la postura de todos los afectados (ayuntamientos, oposición y patronal) cuestionando la mala gestión que se está llevando a cabo.
“Hemos pasado unos momentos de gran restricción económica debido a la crisis y lo que no podemos permitir es que el Gobierno de España condone un impuesto que supone más de 200 millones para invertir en La Palma en 10 años y que la pachorra del Cabildo los ponga en riesgo” ha concluido.
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