El Cabildo de La Palma es el primero de Canarias en clarificar qué normativas urbanísticas quedan derogadas por la Ley del Suelo

Normativas derogadas por la Ley del Suelo

Gonzalo Pascual asegura que el Servicio de Planificación lleva a cabo un “ejercicio de máxima responsabilidad” para dar seguridad jurídica a los procedimientos actualmente en vigor.

El Cabildo de La Palma, a través del Servicio de Planificación que dirige Gonzalo Pascual, es el primero de Canarias que aclara qué normativas urbanísticas de los planes insulares quedan derogadas tras la aplicación de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, según una de sus disposiciones.

Gonzalo Pascual explica que “el Cabildo lleva a cabo un ejercicio de máxima responsabilidad con el fin de clarificar qué determinaciones urbanísticas quedan derogadas, puesto que la Ley del Suelo, dado su principio de abstracción y generalidad, no lo específica y dado que la casuística es diferente según el Plan Insular de cada isla”.

“De esta forma, el Cabildo da seguridad jurídica a los documentos que están hoy en día en vigor, tanto el Plan Insular de Ordenación de La Palma como el Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística”, añade el consejero.

La propuesta de acuerdo relativa a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de La Palma y del Plan Territorial Especial de Ordenación de la Actividad Turística afectadas por la disposición derogatoria única de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Protegidos de Canarias, fue aprobada hoy en Sesión Plenaria.

El consejero adelanta que el acuerdo, que recoge la información sobre las normativas derogadas, se publicará en la web del Cabildo de La Palma y se trasladará tanto a ayuntamientos como a colegios profesionales relacionados con el urbanismo.

“Este es un ejercicio de comunicación y transparencia por parte de la administración insular que tiene como fin que todas las administraciones y colectivos implicados podamos hablar un mismo idioma en materia de planificación. Además, da certidumbre a los operadores jurídicos a la hora de afrontar los procedimientos actualmente en vigor”, concluye Pascual.