El Cabildo de La Palma, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y la Fundación Canaria para el Sordo (Funcasor) han firmado un convenio para el desarrollo del proyecto Impulsando Capacidades, un plan que busca contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva en La Palma y sus familias.
El acuerdo, rubricado por el presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, y la responsable de la delegación de Funcasor en La Palma, Yaiza Hernández, supone una aportación económica de 66.414 euros que podría beneficiar a las 587 personas registradas en la base de datos de la fundación en la isla, así como a todas aquellas entidades, asociaciones, fundaciones o centros ocupacionales que trabajen con personas con esta discapacidad.
Anselmo Pestana destaca que, al apoyar la iniciativa de Funcasor, el Cabildo persigue “proporcionar a las personas con discapacidad auditiva y a sus familias todos aquellos refuerzos que sean necesarios para desarrollar una vida lo más normalizada e integrada posible”.
Por su parte, la consejera de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, señala que la sordera “es la discapacidad menos visible, pero cuyas secuelas comprometen el desarrollo superior de la persona, ya que su futuro y calidad de vida dependen más del nivel de apoyo de familiares y profesionales, de su adaptación al medio y de la disponibilidad permanente de servicios especializados”.
Los objetivos de Impulsando Capacidades serán los de garantizar una correcta información, valoración y orientación, procurando el desarrollo integral de la persona con discapacidad y sus familias, así como diagnosticar, evaluar y rehabilitar las alteraciones de la audición, la voz, la expresión, la articulación, la comprensión, la simbolización y el lenguaje como estructurador del pensamiento de la persona con discapacidad auditiva.
Además se prestará asistencia directa a las familias con atención y apoyo, información y formación, orientación, estímulo y motivación.
Funcasor se estableció en La Palma en el año 2001 para cubrir la atención especializada a personas con discapacidad auditiva y sus familiares, contando para ello con profesionales formados en este tipo de atención y para implementar servicios muy demandados no sólo directamente por las personas beneficiarias y sus familias, sino por instituciones públicas y privadas que derivan a las personas que necesitan atención especializada debido a su discapacidad.
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