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| Quintero defiende la Ley de Calidad Agroalimentaria como una herramienta que fortalece los productos locales |
La norma, que inició ayer su debate parlamentario, incluye la eliminación de tasas para los productores ecológicos y la creación del Consejo Canario de Control de la Cadena Alimentaria.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, defendió ayer en el Parlamento de Canarias la Ley de Calidad Agroalimentaria como una “herramienta que fortalece los productos locales, los defiende a ellos y a quien los produce y quienes los consumen”. Este documento que “cumple un compromiso del equipo de trabajo de la Consejería, y por lo tanto del Gobierno de Canarias”, ha sido redactado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), a cuyos trabajadores agradeció el trabajo realizado, con aportaciones tanto del sector primario y productivo, como de los diferentes grupos políticos.
Quintero señaló que, entre otros, la Ley propone una especial “atención al producto local, la vigilancia de las calidades de los alimentos a través de su control y una apuesta decidida por las cualidades generales de los alimentos”, así como “un marco jurídico moderno (…) que establece unas reglas del juego claras y diáfana e incorpora normativa estatal y europea”. El consejero explicó que “ha habido un grado de consenso importante en los planteamientos del sector” que produce alimentos que son valorados por los consumidores por su procedencia local o por ser producidos “atendiendo a prácticas respetuosas con el medio ambiente”.
El documento establece obligaciones de carácter general para todos los operadores alimentarios, “al objeto de asegurar la trazabilidad de los productos que entran o que se producen en nuestra comunidad autónoma, sin que esa obligación no suponga, para los pequeños productores, un hándicap difícil de salvar”, aseguró Narvay Quintero.
La Ley tiene como objetivo simplificar, racionalizar y actualizar las reglas aplicables. El titular de Agricultura señaló que “la simplificación administrativa es una apuesta de este Gobierno para esta y otras áreas de gestión” y puso como ejemplo “las modificaciones realizadas para la agricultura y ganaderías ecológicas, para las que se eliminará el registro previo para el ejercicio de la actividad e, incluso, la obligación de los operadores de renovar anualmente su intención de continuar con dicha actividad”. Lo que supondrá, en la práctica, la eliminación de las tasas que actualmente abonan.
La futura Ley incluye la creación del Consejo Canario del Control de la Cadena Alimentaria, que coordinará las políticas en la materia de los distintos departamentos autonómicos competentes respecto a calidad agroalimentaria, sanidad y consumo. Además, incorpora al ICCA las competencias respecto a promoción de sal marina y cochinilla y regula menciones en el etiquetado de productos no contempladas actualmente, como la de artesanía agroalimentaria, vino de finca o parcela, vino de frutas o la de algunos productos tradicionales de Canarias, como el almogrote o el gomerón.
Administrativamente, el texto soluciona el vacío legal existente en cuanto a infracciones y sanciones, tras la sentencia de inconstitucionalidad de parte de la Ley estatal de la Defensa de la Calidad Alimentaria, lo que supone una herramienta para la administración autonómica para ejercer su labor de control.
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