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El Gobierno de Canarias convoca ayudas a asociaciones profesionales agrarias sin ánimo de lucro

El Gobierno de Canarias convoca ayudas a asociaciones profesionales agrarias sin ánimo de lucro
El Gobierno de Canarias convoca ayudas a asociaciones profesionales agrarias sin ánimo de lucro

Este año se destinarán 66.507 euros a apoyar a estas organizaciones financiando gastos de funcionamiento y de gestión.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de subvenciones destinadas a asociaciones profesionales agrarias sin ánimo de lucro, que tendrán de plazo hasta el 22 de abril para presentar sus solicitudes de forma telemática a través de la sede electrónica de este departamento. Se ha previsto una partida de 66.507 euros para apoyar a estas organizaciones financiando sus gastos de funcionamiento, de gestión y la realización de sus actividades formativas, divulgativas y de representación.

Las asociaciones profesionales agrarias son órganos de representación de agricultores y ganaderos, entre otros profesionales del sector primario, que les da la posibilidad de beneficiarse de acciones formativas y de divulgación relativas a su actividad. "Dado que estas actuaciones, que van en beneficio del conjunto del sector, generan una serie de costes, la Consejería mantiene su apoyo a estas entidades para que puedan seguir cumpliendo con su función social, respaldando su actividad y contribuyendo a sufragar esos gastos con fondos públicos", indicó el consejero del área, Narvay Quintero.​

Según se indica en las bases reguladoras de esta convocatoria, se establecen una serie de criterios por los que el 50% de las subvenciones se distribuirá entre las asociaciones que hubieran realizado en el año anterior a la convocatoria, actividades formativas, divulgativas y de representación por importe superior a 6.000 euros, y gastos corrientes de funcionamiento y gestión por importe superior a 10.000 euros. Además, un 20% se repartirá en función del número de socios directos de cada entidad solicitante, y otro 10%, en relación al número de trabajadores con que cuente la entidad.

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