CC-PNC muestra su preocupación por la denuncia de mala gestión de los trabajadores de la Consejería de Derechos Sociales



CC-PNC muestra su preocupación por la denuncia de mala gestión de los trabajadores de la Consejería de Derechos Sociales
CC-PNC muestra su preocupación por la denuncia de mala gestión de los trabajadores de la Consejería de Derechos Sociales

Los nacionalistas se preguntan dónde están las soluciones que Torres tenía para la dependencia

“Este es el Gobierno del retroceso en derechos y de los incumplimientos con los Servicios Sociales”


Coalición Canaria-PNC muestra su preocupación ante las informaciones que llegan desde la propia Consejería de Derechos Sociales y que han sido trasladadas a la sociedad por los propios trabajadores. “Existe una preocupación real”, prosiguen los nacionalistas después de que el comité de empresa de los trabajadores de la Consejería denunciaran en un comunicado de prensa la situación insostenible en la que se encuentra la gestión de ese departamento. Así, CC-PNC considera absolutamente necesario que se den explicaciones por parte de los responsables políticos de la Consejería ante afirmaciones realizadas por los trabajadores sociales que señalan en su comunicado de “hacinamiento, de exceso de altos cargos y personal de confianza, de parches en el sistema informático” o de una propuesta de modificación de la RPT “que suprime 40 plazas de personal” para incrementar ·el personal seleccionado a dedo”.

El hecho de que los propios trabajadores de la Consejería alerten de retrasos en la tramitación de las nuevas solicitudes de jubilación de las pensiones no contributivas” o de que existan 1.300 expedientes pendientes de renovación sin resolverse de la PCI y más de 200 que tienen que realizar manualmente con menores a cargo y especial vulnerabilidad o que existen unos 800 recursos por resolver “genera una honda preocupación porque constata lo que ya empezábamos a intuir con los primeros datos de gestión que llegaban, queda confirmado con la denuncia pública de los trabajadores”.

“Unos profesionales”, prosiguen los nacionalistas “que ya están advirtiendo que no se está cumpliendo con la Ley de Servicios Sociales en el mantenimiento de la permanencia en el sistema de la Prestación Canaria de Inserción después de agotar los 24 meses y que no se está aplicando el programa de integración (PAI), a todo el colectivo de vulnerabilidad y con menores a cargo”. “El hecho de que los propios trabajadores de la Consejería alerten de que no va a poder cumplirse el compromiso del Gobierno de 6.000 nuevos beneficiaros nos hace despertar todas las alertas”.

CC-PNC considera que la denuncia de una privatización encubierta con la creación de un organismo autónomo que permita incorporar personal “es de una gravedad extrema” además, “de una incoherencia que no es posible explicar”.

Los nacionalistas muestran también su preocupación también por la disparidad de criterios de los distintos responsables de la Consejería respecto de las medidas para incrementar el personal, ya que la consejera anunció una modificación de RPT que a fecha de hoy no ha presupuestado ni trabajado, “no existiendo incremento previsto para las contrataciones necesarias”, mientras que la viceconsejera plantea la creación de un organismo autónomo “del que no se ha informado y que a fecha de hoy no tiene hoja de ruta ni proyecto” y que ya señalan con preocupación los propios trabajadores. Estas diferencias para abordar una solución evidencian que “no hay trabajo ni dialogo ni dentro del departamento ni con los agentes sociales y, por supuesto, tampoco lo hay con los trabajadores del área”.

Los nacionalistas quieren poner el foco de atención en el retraso en el cobro de las PCI y apuntan; “si no son capaces de gestionar la PCI actual”, se preguntan los nacionalistas “¿cómo van a hacerlo con la renta ciudadana?” además de preguntarse “¿dónde están todas aquellas medidas que exigían cuando estaban en la oposición? ¿por qué nos las ponen en marcha?”

Para CC está claro que “estamos ante un gobierno lleno de incumplimientos y el primero de ellos ha sido el que afecta a la Ley de Servicios Sociales”. Una Ley que tendría que haber dotado con 55 millones en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, a lo que se suma, “el inexplicable retraso en los plazos para la elaboración de los reglamentos que permitan a esta ley ser efectiva y real duermen el sueño de los justos”.

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