Torres plantea a los portavoces parlamentarios y representantes de Fecam y Fecai la hoja de ruta del Plan para la Reconstrucción de Canarias



Torres plantea a los portavoces parlamentarios y representantes de Fecam y Fecai la hoja de ruta del Plan para la Reconstrucción de Canarias

El presidente de Canarias prevé que el programa final con las medidas singulares pueda ser aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación previa de los grupos parlamentarios y de otras organizaciones y colectivos

Ángel Víctor Torres destaca que desde el 16 de marzo, dos días después del inicio del estado de alarma, se han producido unas 30 reuniones que aportaron iniciativas de gran interés, algunas elevadas al Gobierno español y aprobadas por este y otras asumidas por el Ejecutivo autonómico; ahora se sumarán otras a incluir en ese pacto

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizó hoy, viernes 24 de abril, en distintas reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios y con los representantes de la Fecam (ayuntamientos) y la Fecai (cabildos) la guía de trabajo que servirá para definir y luego aprobar el Plan para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una iniciativa que propuso el propio Torres en el Parlamento de Canarias el 14 de abril pasado. La concreción de ese proceso de diálogo se debatió en esas tres citas, a las que también asistió el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Torres además aseguró en esas convocatorias que el Gobierno tiene previsto presentar la semana próxima el documento base sobre el futuro Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de las Islas tras los embates en esos mismos ámbitos por la pandemia de la COVID-19. Ese será el punto de partida de otra fase en el proceso de participación, análisis y búsqueda de amplio consenso que se espera concluir, ya con el documento final de ese pacto avalado por todos los intervinientes, en el mes de mayo próximo.

También relacionado con los procesos de participación activados tras la emergencia sanitaria por la COVID-19, el titular del Ejecutivo autonómico recordó que, justo dos días después del inicio del estado de alarma (14 de marzo), el Gobierno de Canarias ha llegado a activar hasta una treintena de reuniones con grupos parlamentarios, administraciones públicas locales (ayuntamientos y cabildos) y agentes sociales y económicos de las Islas, con el objeto de evaluar la situación generada por la pandemia y de adoptar medidas de interés que pudieran contribuir a aminorar los efectos de esa crisis sanitaria en su propio ámbito y en otros, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

De todas esas citas han salido numerosas medidas, “algunas ya elevadas al Gobierno español y aprobadas por este, y otras asumidas y aprobadas por el Ejecutivo de Canarias”, subrayó el presidente Torres. A esa relación de acciones ya puestas en marcha, “ahora se sumarán otras” incluidas en el mencionado Pacto para la Reconstrucción, que se espera tener en mayo y que será el fruto de un amplio proceso de participación.

Un mecanismo planteado el 14 de abril pasado

En la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, en la que compareció del presidente del Gobierno autonómico, se planteó por primera vez la necesidad de impulsar un amplio acuerdo político, social y económico a favor de la reconstrucción de las Islas como consecuencia de la COVID-19 y sobre todo por su impacto muy negativo en la principal actividad productiva de las Islas: el turismo. Ese pacto, subrayó entonces Ángel Víctor Torres, debía concebirse como “un proceso de consenso vinculado a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias, a los agentes sociales y económicos locales, y a la sociedad civil en general”.

La idea central que esbozó el presidente de Canarias se justifica en la situación actual de las Islas, con una coyuntura de quiebra económica y social que precisa de un acuerdo global dirigido a desarrollar una estrategia común para afrontar y salir del momento ocasionado por la mayor amenaza mundial de salud pública que jamás antes se haya vivido.
Para conseguirlo, plantea Ángel Víctor Torres, se requiere de un pacto amplio que coordine las políticas entre las distintas administraciones públicas “para promover la resistencia, la reconstrucción y la recuperación de nuestra región desde la unidad de acción y con representantes de toda la sociedad”. El presidente de Canarias calificó este proceso como un “desafío extraordinario que exige una respuesta unida, única y ambiciosa para salvaguardar nuestro modelo económico y social, y para proteger a nuestros ciudadanos. Para que nadie se quede atrás” por esta crisis socio-económica, observó Torres.

Así, el objetivo del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias no es otro que dar forma, con la participación de todos los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias, a un acuerdo “excepcional y extraordinario” ante la mayor adversidad que ha tenido Canarias por la emergencia sanitaria de la COVID-19, cuyos efectos no tienen precedentes en la economía y la estructura social del Archipiélago.

Ese futuro pacto, que nace como una iniciativa del Gobierno de Canarias, debe comprometer a todos sus firmantes y luego tiene que ser defendido ante instancias superiores en el plano administrativo: el Gobierno de España y la Unión Europea. Se trata pues de “una alianza o acuerdo de la sociedad de las ocho islas, que sin duda demanda todos los esfuerzos para aportar propuestas individuales que mejoren el bien común”. “Canarias se juega mucho; quizá como nunca antes”, y lo hace “en un momento trascendental para nuestro presente y futuro”, ha indicado el presidente de Canarias.

Con la participación más amplia posible

El espíritu de consenso y la voluntad de cooperación que el Gobierno de Canarias ha mostrado desde el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo pasado, están en la base del futuro Pacto para la Reconstrucción; es la materia prima sobre la que se asienta este nuevo gran acuerdo, que debe desarrollarse con la máxima participación y la mayor transparencia y en cuyo proceso la sociedad canaria no sólo debe ser la beneficiaria final, sino también protagonista activa y plenamente implicada. El pacto no será solo político y económico, sino también social. Su valor y eficacia dependerán de que, junto a los agentes sociales, se sumen amplias organizaciones del tercer sector e incluso los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Ahora, tras todas las reuniones previas realizadas en Canarias y las medidas ya aplicadas, y una vez refrendado el acuerdo del Eurogrupo y encaminado otro más amplio por el Consejo Europeo para atender las exigencias que deja la pandemia COVID-19 en la UE, se procede a culminar un pacto amplio en Canarias que remate el trabajo ya iniciado y que esto se consiga con el compromiso de todos en el mes de mayo.

El proceso a seguir en busca del objetivo final

Tras la entrega la semana próxima del documento base del Pacto para la Reconstrucción, se propondrá una reunión de los grupos acerca de esta iniciativa en el Parlamento de Canarias. Además, para conseguir el objetivo final de cerrar ese plan, en ese momento se establecería un periodo de presentación de correcciones, alegaciones o enmiendas por parte de los agentes intervinieres y además se concretaría un mecanismo de trabajo directo y permanente entre los distintos agentes políticos, sociales y económicos para dar con la redacción del documento aceptado por la partes.

Luego, ese documento, fruto del consenso, se sometería a la consideración última de los potenciales firmantes del Pacto para la Reconstrucción, para su ratificación definitiva. Todo ese proceso se prevé desarrollar en un lapso de varias semanas, y se ha establecido como límite para su definitiva concreción el mes de mayo.

Una vez cerrado el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, este debe ser plasmado y desarrollado en un programa que aprobaría el Gobierno de Canarias antes de ser elevado al Parlamento Autónomo para su ratificación final. Cuando eso se produzca, podrá ser remitido de forma oficial al Gobierno de España y a las instituciones pertinentes de la Unión Europea.

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