Asier Antona exige una respuesta urgente y adecuada a la crisis migratoria

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias defenderá mañana una moción en la que el Grupo Popular exige al Gobierno un plan integral de acción en materia migratoria

El PP ofrece a través del presidente nacional, Pablo Casado, un pacto de Estado para abordar la política de inmigración

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Senado y senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Asier Antona, exige al Gobierno de España “que active un plan integral de acción en materia migratoria con el fin de dar una respuesta urgente y adecuada a la crisis migratoria” que está viviendo el país en las islas Canarias.

Antona ha anunciado que mañana martes defenderá en el Senado una moción presentada el Partido Popular a instancias suyas con el fin de “movilizar a la Cámara Alta en la búsqueda de soluciones, que están tardando demasiado en llegar, para dar respuesta al incremento de llegadas de personas migrantes a las costas canarias”.

El portavoz adjunto del PP en el Senado recuerda que el pasado viernes el presidente del PP, Pablo Casado, ofreció al Gobierno de Pedro Sánchez un pacto de Estado para abordar la política de inmigración y vincularla a la Política Exterior.

“La indolencia de este Gobierno ha dañado seriamente la imagen de nuestro país, que ha demostrado ser incapaz de reaccionar en todas aquellas áreas que deben implicarse en las políticas migratorias”, ha señalado Antona, que destaca que el propio Gobierno de Canarias ha tenido que quejarse continuamente ante los desplantes y las falsedades vertidas desde algunos ministerios.

Según adelanta, en la moción se insta al Gobierno a reforzar la lucha contra la inmigración clandestina, especialmente contra las mafias que trafican con seres humanos, “aportando medios materiales, humanos y financieros necesarios tanto en las fronteras, como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el sistema judicial o los deficientes equipos del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE)”.

En este sentido, Antona ha solicitado el despliegue del Frontex para el control de las fronteras en la peligrosa ruta de la inmigración irregular hacia Canarias y ha pedido que se escuche al sector turístico, principal motor económico de las islas, a la hora de buscar alternativas de acogida digna a los migrantes.

“La solución alojativa en hoteles era y debe ser puntual. El Ejecutivo debería haber sido mucho más rápido para encontrar una solución alternativa, por lo que vamos a reclamar que se pongan a disposición de las autoridades competentes las infraestructuras del Estado en Canarias que están en desuso y que servirían para alojar a estas personas en condiciones más adecuadas que las que han tenido que soportar en el muelle de Arguineguín durante plazos de hasta quince días”, ha indicado.

Al respecto, el senador canario ha hecho un inciso para lamentar las condiciones vividas en el conocido popularmente como “campamento de la vergüenza”, en el que se amontonó a más de 2.000 personas en un espacio de 400 metros cuadrados que no reunía las condiciones mínimas necesarias para acoger a nadie.

Una de las medidas que se proponen en la moción presentada por el PP es que se dote a los centros de acogida de los medios necesarios para albergar de forma digna y que se habiliten espacios independientes para pasar el periodo de cuarentena en los que se garantice la atención sanitaria.

Otro de los problemas derivados de esta crisis migratoria es la atención a los menores no acompañados, motivo por el que desde el Partido Popular reclaman al Gobierno que despliegue una red de recursos suficientes para poder promover su adecuada guarda y protección.

Además, la enmienda que se debatirá el próximo martes reclama que se refuerce la coordinación interministerial, reforzar la vía diplomática y seguir avanzando en los tratados internacionales y dotar a las Administraciones Públicas Canarias de los recursos económicos a cuenta del Fondo de Financiación para la integración de las personas migrantes.

Finalmente, se propone que, de cara al futuro, se estudien e impulsen medidas normativas, operativas y estructurales para que la política española de inmigración se actualice y adapte a un fenómeno dinámico y cambiante con el fin de articular la lucha contra las organizaciones criminales, la protección de las fronteras y el pleno respeto a los derechos de las personas migrantes, así como la protección de su vida y su integridad, de la forma más eficaz.