El grupo de gobierno lamenta que el Cabildo tengan que pagar más de 400.000 euros por las malas prácticas de Coalición Canaria



El grupo de gobierno lamenta que el Cabildo tengan que pagar más de 400.000 euros por las malas prácticas de Coalición Canaria
El grupo de gobierno lamenta que el Cabildo tengan que pagar más de 400.000 euros por las malas prácticas de Coalición Canaria


A este se suman los 723.500 euros que se abonaron, en su momento, por el contrato de redacción del proyecto de auditorio, una decisión que supone un desembolso para la Corporación Insular superior a 1,1 millones de euros


El Cabildo de La Palma ha recibido la providencia de ejecución definitiva que proviene de la sentencia del pasado 17 de marzo de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del  Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), sobre el denominado Auditorio de La Palma, que declara probado que se produjo un encargo directo y verbal del presidente del Cabildo en ese momento, José Luis Perestelo, de un modificado del proyecto inicial, por el que ya se había abonado la cantidad de  723.500 euros, que pasó a llamarse Auditorio de La Palma. Biblioteca de las estrellas, y que se ubicaría en Los Llanos de Aridane. Según indica la sentencia del TSJC, este encargo, considerado judicialmente ilegal, culmina con un proyecto modificado que se presentó en la Corporación Insular en 2009.


El equipo de gobierno actual, conformado por PP y PSOE, recuerda que la primera institución Insular ha sido condenada por este contrato a dedo que protagonizaron los nacionalistas, durante sus años de mayoría absoluta, saltándose los trámites legales, para la realización de esta infraestructura, y que son dos las sentencias que sostienen la realización de un encargo  verbal, sin amparo legal ni presupuestario.


El grupo de gobierno insular manifiesta que se trata de una acción totalmente prescrita e incurre en causa de nulidad, pero que, aún así, la Administración ha de abonar el importe del trabajo por el principio del enriquecimiento injusto. En ambas sentencias se describe que no hubo, en periodo de prueba, una negación categórica del encargo sino que se vierten continuas ambigüedades sobre el asunto.


El actual equipo de gobierno lamenta profundamente que las malas prácticas realizadas por Coalición Canaria cuesten a los palmeros 391.000 euros más intereses, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que se debe abonar al arquitecto Fernando Menis por un auditorio que se iba a ubicar en Los Llanos de Aridane, pero que nunca se hizo. Esto provoca que, en total, esta mala praxis de Coalición Canaria haya costado a la Corporación 1,1 millones de euros.


Desde la primera institución Insular recuerdan que este encargo ilegal de la modificación y ampliación del Auditorio inicialmente proyectado se produjo en la época en la que gobernaba Coalición Canaria en el Cabildo, con mayoría absoluta, y que aparentemente este hecho les permitió omitir los trámites legales de realizar esta contratación a través de un procedimiento abierto, como se exige la ley, y hacerlo directamente a dedo.


Esto implica que, además de ser un encargo ilegal, aclara el grupo de gobierno, se trata de un proyecto que no fue aprobado y del que se desconocía si era asumible desde un punto de vista económico, por lo que lamentan que esto obligue a la sociedad palmera a abonar más de 400.000 euros por un espacio que no existe.


Asimismo, el actual equipo gobierno, en aquel momento en la oposición, recuerda que se pidió a Coalición Canaria que buscase otras alternativas y que se sentase a negociar, antes incluso de que se llegase a presentar la demanda en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Además, en este momento, también mostró su preocupación después de que los nacionalistas aseguraran que este hecho era una práctica habitual.


Por eso, el actual grupo de gobierno recuerda la importancia de hacer las cosas bien, tanto en tiempo como en forma, sin saltarse los trámites legales, ya que, como se ha visto, cuando las cosas se hacen mal los únicos perjudicados son los ciudadanos.

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