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| CSIF exige responsabilidades por conflicto laboral y presunta infracción del Cabildo de La Palma |
El sindicato CSIF ha expresado su sorpresa y preocupación por la actuación del Cabildo de La Palma tras comprobar que un trabajador del Consorcio de Servicios Insular fue dado de baja de la Seguridad Social el pasado 30 de septiembre de 2025, sin que existiera resolución sancionadora definitiva ni sanción disciplinaria firme en su contra. La organización sindical ha mostrado su apoyo al trabajador afectado, quien ha presentado una denuncia penal contra el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, y el gerente del Consorcio, por presuntos delitos de coacciones, prevaricación, vulneración de derechos laborales y malversación de caudales públicos.
Los hechos se remontan al 2 de septiembre de 2025, cuando un trabajador del Consorcio, con categoría de Técnico Medio, solicitó por escrito al gerente la apertura de un expediente disciplinario contra un conductor por una supuesta desobediencia grave. Según el documento, el conductor habría dado la espalda al técnico y amagado con activar la grabadora de su teléfono móvil tras recibir un requerimiento verbal para acudir a una posible acción formativa sobre el funcionamiento de un camión.
A raíz de esta situación, se inició una posible investigación disciplinaria que derivó en la notificación por parte del gerente de un permiso excepcional de siete días hábiles al trabajador denunciante, durante los cuales debía abstenerse de acudir a su puesto. Este permiso fue posteriormente ampliado diez días más. Sin embargo, el trabajador acudió a su puesto de trabajo al considerar que no había solicitado ni aceptado formalmente dicho permiso. Ante ello, se le suspendió cautelarmente de empleo y sueldo, se le notificó la incoación de un expediente disciplinario y, finalmente, se le dio de baja en la Seguridad Social.
El trabajador sostiene que el conflicto tiene su origen en las denuncias reiteradas del conductor sobre las deficientes condiciones de funcionamiento de los camiones, así como en un presunto conflicto de intereses entre el técnico denunciante y los talleres encargados de las reparaciones. Considera que las medidas adoptadas en su contra son represalias por estas denuncias.
CSIF ha manifestado su disposición a colaborar en la resolución del conflicto laboral, especialmente en lo relativo al presunto incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales del trabajador afectado, derivado de su baja en la Seguridad Social sin sanción firme. Además, el trabajador ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo por una supuesta infracción administrativa, al haberse interrumpido indebidamente su cotización mientras continúa en activo y sin que exista sanción definitiva.
El sindicato ha advertido que, de confirmarse los hechos denunciados, solicitará próximamente el cese inmediato del gerente del Consorcio de Servicios, por lo que consideran una actuación negligente en la gestión de este caso.
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