Los concejales del PSOE en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane han presentado una moción al próximo pleno ordinario a celebrar el 26 de febrero destinada a crear unas bases para la Convocatoria de Ayudas Públicas Municipales para sufragar los gastos del IBI relativos a la vivienda habitural de personas y familias con informes sociales vinculantes.
Como no puede ser de otra manera, parte el Grupo Municipal Socialista del respeto absoluto a la Ley, y eso incluye la obligación de contribuir con nuestros impuestos al sostenimiento del Estado, pero por esa misma razón y argumentación legal partimos de la necesidad de hacerlo en la medida de las posibilidades reales de cada ciudadano. Dicho todo lo cual, igualmente sobra decir que no solono tenemos nada que objetara la persecución de los defraudadores, ni a la regularización catastral practicada, sino que apoyamos y valoramos la puesta al día de dichos datos.
Dicho esto, y dado que nos encontramos en nuestro municipio con un grupo de gobierno que anuncia la revisión del valor catastral de todas las propiedades y el aumento en la recaudación impositiva, entendemos que dicha circunstancia debe llevar aparejado un estudio pormenorizado de la situación real de las familias de nuestro municipio, es decir, que la administración local no debe olvidarse de que muchos vecinos siguen atravesando situaciones económicas muy complicadas y que no podrán hacer frente a un incremento en sus impuestos, ni a las sanciones aparejadas, por lo que los concejales del PSOE entienden como prioritario facilitar el pago de los impuestos a nuestros vecinos y ayudar a aquellos que peor lo están pasando. La regularización llevada a cabo no puede suponer, en ningún caso un agravamiento económico en determinadas personas y familias en riesgo de exclusión social y pobreza extrema y entendemos que la campaña realizada en nuestro municipio hace tabula rasa y trata por igual circunstancias diversas y nosotros creemos necesario hacer distinciones a la hora del pago del IBI, atendiendo a los informes sociales y a las condiciones socioeconómicas de los propietarios y sus familias.
En el actual contexto económico, donde es patente que los datos de crecimiento económico no se corresponde con lo que sucede en el día a día de nuestros vecinos ya que continuamos en un periodo de mermas y carencias económicas, de precariedad laboral y altos índices de población en riesgo de pobreza, las autoridades locales tienen el deber de promover políticas que contribuyan a paliar las situaciones difíciles de aquellas familias con escasos recursos económicos, como las que pudieran derivarse del pago por su parte, al propio Ayuntamiento, del Impuesto de Bienes Inmuebles, contribuyendo además al mantenimiento de la citada vivienda y previniendo situaciones de exclusión social.
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