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| El Gobierno canario presenta a las organizaciones empresariales su propuesta de simplificación administrativa para proyectos territoriales |
José Antonio Valbuena y Antonio Olivera se han reunido esta semana con representantes de CCE y CEOE para exponer los detalles de este documento relacionado con el Pacto de Reactivación
El Gobierno de Canarias ha mantenido esta semana diversas reuniones con representantes de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Canaria de Empresarios para presentar la propuesta de simplificación administrativa para proyectos territoriales, en la que trabaja el actual Ejecutivo autonómico como parte de la estrategia del Pacto de Reactivación para hacer frente a la situación económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19.
En este sentido, el consejero autonómico de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, han expuesto los detalles de este documento para aclarar las dudas de su contenido y para recoger posibles alegaciones de los empresarios del Archipiélago antes de que tramite a través de Consejo de Gobierno, a finales del mes de agosto, y sea posteriormente ratificado por el Parlamento.
Esta propuesta de simplificación se compone de 25 artículos, 6 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 21 disposiciones finales, una disposición derogatoria y distintos anexos. Se aplicarán modificaciones en 10 textos legales, entre leyes y decretos, relacionadas con sectores como el turismo, la agricultura, la construcción, la restauración o las energías renovables, entre otros.
El Gobierno de Canarias mantendrá otros encuentros de trabajo similares en los próximos días, empezando por los representantes de la Cámara de Comercio.
El Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias es necesario para proceder a la dinamización económica y a la protección sanitaria y social tras los efectos de esta pandemia mundial. Dicho pacto ha sido respaldado por un amplio consenso político de los grupos parlamentarios, más del 80% del pleno del Parlamento de Canarias, y avalado por las administraciones públicas insulares y locales, organizaciones empresariales y sindicales representativas en el Archipiélago, las cámaras de Comercio, los colegios profesionales de Trabajo Social y las entidades y colectivos del llamado Tercer Sector.
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