El STEC-IC exige la inmediata publicación del acuerdo marco de las escuelas unitarias de canarias, firmado desde 2014 en Los Llanos de Aridane



El STEC-IC exige la inmediata publicación del acuerdo marco de las escuelas unitarias de canarias, firmado desde 2014 en Los Llanos de Aridane
El STEC-IC exige la inmediata publicación del acuerdo marco de las escuelas unitarias de canarias, firmado desde 2014 en Los Llanos de Aridane


Si los sucesivos responsables de la Consejería de Educación hubiesen hecho su parte de tarea acordada y hubiesen pasado por el Consejo de Gobierno el Acuerdo Marco, como es su obligación, convocando a continuación la Comisión de Seguimiento establecida en el mismo, como órgano de diálogo y planificación democrática, la Comunidad Educativa palmera, y la ciudadanía en general, nos hubiésemos ahorrado el lamentable espectáculo ocasionado por las erróneas, prepotentes, soberbias y desleales declaraciones del Sr. Leal, Inspector de La Palma, que dañan la Escuela Pública. La indignación es general, por los perjuicios continuados que se han venido ocasionando a este modelo de escuela diferente: cooperativo,  solidario y formador en valores, donde los pequeños aprenden también de los mayores en grupos reducidos multinivel, muy enraizado en su entorno y cultura, y de creciente demanda en la ciudadanía. Estas escuelas pequeñas cuentan en su haber con importantes apoyos institucionales, que lo han  avalado históricamente, y que mandatan a las autoridades públicas a su potenciación, no a perseguirlas.


Para entender lo que pasa, es clave recordar que este Acuerdo, en el que se invirtieron muchas horas, extras y de gratis amores durante años, por representantes del Colectivo de docentes de Escuelas Unitarias y Sindicatos de la Enseñanza (singularmente por el STEC-IC), vino a cerrar, felizmente, un largo y grave conflicto, iniciado por el entonces Viceconsejero, Sr Fdez. Guarch (teórico de la despectiva y liquidacionista teoría de las “Escuelas de las Laderas” de los años 90), en su campaña de acoso y derribo a estos centros, en aquellos tristes años de concentración poblacional y desarrollismo cementero de Canarias, de ignorancia y siguiendo estrictos criterios economicistas que no consideraban la educación pública como una inversión de futuro, sino como un gasto, y que culminaron con el cierre de cientos de estos centros en toda Canarias, y el vaciado de la población de su entorno, y que hoy (tiempos nuevos) necesitamos recuperar. Este conflicto tensionó muy fuertemente estas comunidades educativas, que reaccionaron con potentes movilizaciones en nuestra isla, apoyadas por los Ayuntamientos de todo signo, exigiendo la  garantía de su permanencia  en sus barrios y entornos rurales de las medianías. Ahora resulta que el Sr. Inspector ha preferido quedarse anclado en el pasado en su estricta función inspectora, olvidando su función dialogante y asesora, como mantenedor, en solitario, de aquella desgraciada teoría, posicionándose en contra de todo. Incluso, se ha permitido  criticar a la Consejería cuando ha concedido una mejora o el incremento de una unidad, como por ejemplo en el caso de Botazo de Breña Alta, como si estuviese en Madrid de juez, en la Alta Inspección, alejado de la realidad canaria, ignorando el Acuerdo Marco; la Ley Canaria de Educación (que, por lo que manifiesta, no se ha leído); la Resolución de la Viceconsejería que ordena potenciarlas; el Acuerdo del Parlamento, que va en el mismo sentido; los apoyos de los Cabildos Insulares, como el de La Palma, que le concedió su medalla de reconocimiento. 


El Sr. Inspector debería ser consciente, como ciudadano canario, que desde 1983 en Canarias tenemos plenas competencias en Educación, y que desde entonces, felizmente, hemos conseguido disponer de oferta pública de calidad más que suficiente. Ha perdido una ocasión magnífica, considerando lo establecido por todos esos avales institucionales, para ayudar, asesorar, a que toda la ciudadanía pudiera optar y disfrutar del derecho a la igualdad de oportunidades y elegir el centro y modelo educativo que mejor considere para sus hijos. Por el contrario, su “modus operandi” ha sido poner “palos a las ruedas”, “no autorizando” por sistema la demanda de mejoras y derechos como el de comedor o transporte, que posibiliten a un escolar, no solamente acudir desde su barrio al colegio grande del casco, sino también al contrario, si esa es la opción elegida por sus padres y madres y existen plazas vacantes, obligando así a las Comunidades Educativas por falta de diálogo, a “buscarse la vida” casi clandestinamente, apoyándose en los Ayuntamientos. Éste señor no puede pretender, y mucho menos exigir, que los padres/madres que elijan estos centros, tengan que pertenecer necesariamente a aquella  obsoleta normativa de ajustarse a la  “zona de influencia” de los tiempos de miseria, que ya nadie cumple, cuando no había escuela pública suficiente. 


Estamos en tiempos nuevos, Sr. ¿Por qué no exige el mismo rigor de pertenencia a la zona a los centros privado-concertados, (financiados generosamente con dineros públicos) a la hora de nutrirse de alumnado, y aplica la misma norma a la hora de elegir centro? ¿Por qué razón se tendría que subvencionar el colegio privado-concertado a un alumno/a, a un padre o madre, que tiene sobrada escuela pública de calidad en su zona de influencia? ¿O las leyes no son iguales para todos y todas?  ¿Y, por qué, ya puestos a movernos por la justicia, el progreso social, la igualdad y el principio de no despilfarrar los recursos y dineros públicos, en el que presume basarse y justificarse cuando propuso suprimir una unidad a la unitaria de Buenavista en Breña Alta por perder provisionalmente cinco alumnos, en coherencia, no ha emitido informes a la Consejería, en el sentido de que en esta Isla tenemos desde hace muchos años, tanto en la zona de S/C de La Palma, como en los Llanos de Aridane, oferta pública sobrada y de calidad, que no justificaría la deriva (o el despilfarro, según se mire), de importantes cantidades de dinero público hacia los negocios privado-concertados de educación y que la Pública, la de todos y todas, tanto necesita? ¿Por qué no propone a la Consejería la no renovación del Concierto en estos casos?


Como Sindicato mayoritario de la Educación Pública en La Palma y Canarias,  debemos recordar al Sr Inspector su condición de trabajador de la enseñanza y servidor de la Educación Pública Canaria, no solo para inspeccionar con rigurosos criterios economicistas, sino también para informar, dialogar y asesorar a los docentes, a los padres y madres. No para machacar de forma inmisericorde, a quién más lo necesita… Si él conocía que el Acuerdo Marco no había pasado por el Consejo de Gobierno y no lo consideraba adecuado para su aplicación en su función inspectora y asesora, tenía obligación legal, y no solo moral, de avisar a los afectados y urgir a la Consejería de Educación su cumplimiento y publicación en el BOC, como un funcionario leal. En consecuencia, exigimos a la Consejería de Educación la inmediata publicación del Acuerdo Marco de las Escuelas Unitarias de Canarias a la vez que proponemos el inmediato cese del Sr. Inspector y su vuelta a la escuela, a la “tiza”, aterrizar en la realidad canaria, y mejorar su servicio a nuestra gente.

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