La Policía Local detecta un nuevo caso de falsedad documental con las tarjetas PMR en Santa Cruz de La Palma



La Policía Local detecta un nuevo caso de falsedad documental con las tarjetas PMR en Santa Cruz de La Palma
La Policía Local detecta un nuevo caso de falsedad documental con las tarjetas PMR en Santa Cruz de La Palma


Se han reforzado los controles para evitar el uso fraudulento de estas acreditaciones destinadas a personas con movilidad reducida


La Policía Local de Santa Cruz de La Palma ha detectado esta semana un nuevo caso de delito de falsedad documental por el uso fraudulento de una tarjeta PMR, destinada a personas con movilidad reducida. En este caso, el conductor hacía uso de la tarjeta de su expareja sentimental. Por estos hechos el infractor pasará a disposición judicial como investigado por la Policía Local mediante la instrucción del correspondiente Atestado remitido al Juzgado de Guardia.


De esta manera, este cuerpo ha reforzado los controles para evitar el uso fraudulento de tarjetas PMR  que acreditan el estacionamiento de vehículos de personas con movilidad reducida o que tengan reconocido oficialmente un grado de discapacidad. De esta manera, la Policía Local recuerda que el uso de las tarjetas PMR no se puede hacer extensivo a sus  familiares y personas cercanas.


El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Juan Arturo San Gil, apela a la solidaridad de las personas residentes y visitantes del municipio con este colectivo de personas de movilidad reducida.


En este sentido, la Policía Local ha detectado casos en los que familiares de personas con discapacidad ya fallecidas seguían haciendo uso de la tarjeta PMR para su beneficio o en los que está acreditación seguía usándose a pesar de estar caducada.


Al margen de estas actuaciones, los agentes de la Policía Local retiran diariamente tarjetas irregulares y fotocopias que, aunque no constituyen delito, sí son objeto de sanción administrativa.


Las sanciones que se pueden aplicar por el mal uso de acreditación va desde una sanción administrativa de unos 200 euros hasta penas de prisión desde los seis meses hasta los tres años.

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