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La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destina 6,2 millones de euros a comprar 76 casas para familias vulnerables a través de la asociación Provivienda

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destina 6,2 millones de euros a comprar 76 casas para familias vulnerables a través de la asociación Provivienda
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda destina 6,2 millones de euros a comprar 76 casas para familias vulnerables a través de la asociación Provivienda - Foto de archivo.

El ICAVI firma un convenio con esta ONG para adquirir las viviendas que se ofrecerán a las familias en situación de vulnerabilidad residencial y con ingresos anuales inferiores a los 20.844 euros.

También podrán acceder a estas nuevas viviendas las familias derivadas del programa Canarias Prohogar con problemáticas asociadas, como las mujeres víctimas de violencia de género o familias que han sufrido un desahucio.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, destina 6.246.285 euros a la compra de 76 viviendas con destino al alquiler asequible para familias vulnerables en colaboración con la Asociación Provivienda, y ampliar el parque público de viviendas de la Comunidad Autónoma, tal y como recoge el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Para materializarlo se ha firmado ya un convenio con esta asociación para la compra de las viviendas en municipios tensionados por el precio de los alquileres, lo que convierte a Canarias en la primera comunidad autónoma en el desarrollo de esta medida que recoge el Plan de Vivienda Estatal 2022-2025 y que es pionera en nuestro país.

De esta forma, Provivienda ya tiene localizadas en varios municipios un lote de viviendas disponibles y se está negociando la firma de los contratos de compra de las primeras de estas 76 viviendas. Estas nuevas casas se destinarán a familias vulnerables que no pueden acceder a una vivienda del mercado libre por no disponer de suficientes ingresos y tienen además problemáticas asociadas, como son las mujeres víctimas de violencias de género, las personas sin hogar, o las familias que han perdido su vivienda como consecuencia de un desahucio. 

Esta colaboración se enmarca entre los acuerdos del Plan de Vivienda de Canarias (2020-2025) que da un papel protagonista a la cooperación de la administración pública con los sectores económicos y sociales de las islas para ampliar el parque de viviendas protegidas en el Archipiélago, en este caso, con el tercer sector. Los fondos para este convenio proceden del Programa 6 del Plan Estatal para el acceso a la vivienda suscrito entre la Consejería y el Gobierno de España, programa que tiene como objeto la adquisición de viviendas por parte de diferentes actores, entre ellos las organizaciones no gubernamentales o entidades sin ánimo de lucro, para ponerlas en alquiler asequible durante un periodo de 50 años. Se subvenciona hasta el 60% del precio de adquisición de las viviendas y la renta del alquiler estará limitada en una cuantía máxima de cinco euros por metro cuadrado.

El coste total de la adquisición de las 76 viviendas se estima en unos 10,2 millones de euros. De esta cantidad, el ICAVI, con fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, aporta los ya comentados 6,2 millones de euros, lo que representa un porcentaje superior al 60% del coste total de la actuación. Por su parte, Provivienda, en calidad de promotor, aporta 4,1 millones de euros, lo que representa un porcentaje estimado del 39,36% del coste total de la actuación.

Las primeras casas que Provivienda tiene previsto adquirir gracias a este convenio se distribuyen en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona y Los Llanos de Aridane.

Las viviendas financiadas con cargo a este programa solo podrán ser arrendadas o cedidas en uso a personas cuyas rentas anuales, incluyendo los de todas las personas que constituyan la unidad de convivencia, no superen tres veces el IPREM (20.844 euros anuales) en el momento de la suscripción del correspondiente contrato de arrendamiento o de cesión en uso. De esta manera, se asegura un parque de vivienda destinado al alquiler asequible y destinado a personas en situación de vulnerabilidad residencial. Estas personas serán derivadas a Provivienda por parte del Instituto Canario de la Vivienda, prioritariamente desde el Programa Canarias Prohogar.

Las Comunidades Autónomas tienen la oportunidad de utilizar programas como este como herramientas que complementen sus propias políticas en la solución de los problemas de vivienda que existen en los territorios. Este programa es fundamental para ampliar el parque de vivienda asequible con rentas de alquiler por debajo de los precios de mercado. La Agenda 2030 compromete a España alcanzar la media europea de porcentaje de vivienda social, dado que en la actualidad existe una diferencia destacable. La falta de vivienda asequible debe afrontarse desde la ampliación del parque de vivienda social en régimen de alquiler, de cara a generar sistemas de vivienda más resilientes e inclusivos.

Provivienda es una organización no gubernamental constituida como asociación sin ánimo de lucro, que tiene entre sus fines fomentar y promover programas de vivienda y alojamiento de carácter social en general, y en especial, para personas con problemas de acceso a la vivienda, así como desarrollar actuaciones de gestión de vivienda, protegida o libre. Provivienda ha gestionado en Canarias más de 25.000 viviendas en alquiler desde su implantación en el territorio.

La colaboración entre esta organización y el ICAVI se mantiene desde hace 20 años con el desarrollo de varios proyectos en la Comunidad Autónoma de Canarias, todos ellos destinados a dar respuesta a las necesidades residenciales, especialmente de las personas en situación de mayor dificultad. En los últimos tres años se ha concedido a Provivienda un total de 1,4 millones de euros para subvencionar diferentes actuaciones en las islas, como el alquiler y acompañamiento de decenas de familias vulnerables o víctimas de desahucio.

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