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| PACMA denuncia que parte de los ayuntamientos de La Palma recurran a la eutanasia animal para ahorrar costes - Foto de archivo. |
La formación política animalista recuerda a los alcaldes que la eutanasia es una ilegalidad muy grave.
La Coordinación de PACMA en la isla de La Palma ha denunciado este viernes, a través de una nota de prensa, que algunos ayuntamientos de la isla podrían estar utilizando el sacrifico de animales rescatados en malas condiciones o víctimas de atropello, anulando así la posibilidad de una recuperación, en aras de recortar gastos veterinarios. Fernando Martín, coordinador de PACMA en la isla, ha hecho un llamamiento a las corporaciones locales para que examinen su política de bienestar animal y no infrinjan gravemente la legalidad vigente.
La Ley 7/2003 de 28 de Marzo de 2023 sobre protección de los derechos y el bienestar animal, en su preámbulo y como una de sus premisas establece "la prohibición del sacrificio de animales de compañía, excepto en los supuestos contemplados en esta ley, siempre realizada por un veterinario, no permitiendo que sean sacrificados los animales por cuestiones de ubicación, edad o espacio de instalaciones".
En su artículo 22 declara que corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal.
Es de especial relevancia el trato que le da esta ley a la prevención del sacrifico de animales. En su artículo 27 lo consagra diciendo: "Se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal, ya sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado, abandono del responsable legal, vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos, así como por cualquier otra causa asimilable a las anteriormente citadas".
"Desde PACMA, y asumiendo nuestra responsabilidad como partido político, denunciaremos cualquier actuación que contravenga la legalidad vigente", afirma Martín. "Queremos recordar a las instituciones públicas que está considerado una infracción muy grave, y castigado con penas multas que oscilan desde 50.001 euros a 200.000 euros, el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones exigidas por esta ley cuando se produzca la muerte del animal, siempre que no sea constitutivo de delito, así como el sacrificio de animales no autorizado".
Por ello, emplazan a las autoridades a que cumplan la ley y den un trato digno a los animales rescatados, buscando su cuidado y su recuperación en caso de enfermedad o lesiones.
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