El Grupo Popular presenta una moción que condena la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles

El Grupo Popular presenta una moción que condena la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles

Los populares instan a que el Cabildo Insular pida al Gobierno Central derogar la actual Ley, y desbloquee la tramitación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal.

Solicitan la unanimidad del Pleno Insular para que se de celeridad para intentar solventar esta problemática.

El Grupo Popular ha presentado una moción al pleno de la Institución Palmera en la que insta al Cabildo a que pida al Gobierno de España la derogación de la actual Ley de vivienda que protege y promociona la ocupación ilegal de viviendas y otros inmuebles. Además, exigen se soliciten el desbloqueo de la tramitación de la Proposición de Ley Organiza contra la ocupación, presentada por el Partido Popular en febrero de 2024.

En el mismo sentido, solicitan que se pida al Gobierno Central habilitar juzgados especializados en esta materia que posibiliten una mayor rapidez a la hora de resolver estos casos.

Carlos Cabrera, consejero popular en el Cabildo de La Palma, recuerda que desde 2018, y según los datos del Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en Canarias se han ocupado más de 4.000 viviendas, “una cifra que nos muestra solo una parte del problema, puesto que no refleja aquellas ocupaciones o intentos de ocupación que se resuelven por la intervención directa de propietarios o vecinos. La isla de La Palma tampoco es ajena a esta problemática que creemos va  en aumento” Además, añade “el tiempo medio que los propietarios canarios tardan en desalojar a un ocupa es de unos 23 meses, si lo consiguen. Por este motivo, instamos a que se habiliten juzgados especializados en ocupación e inquiocupación que den una respuesta más rápida a este tipo de situaciones”.

El Partido Popular promovió “hace más de un año”, en el Senado la aprobación de la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios. La misma, fue aprobada por la mayoría y remitida al Congreso de los Diputados el 20 de febrero de 2024. “Un año después, la Mesa de la Cámara sigue sin darle tramite e impide su debate y aprobación”.