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| Cuando Tenerife aprende del riesgo volcánico, La Palma sigue atrapada en la negligencia |
El simulacro de emergencia volcánica de Tenerife introduce la fase del semáforo naranja; en La Palma nunca se aplicó, lo que supone reconocer que aquí no se hizo bien.
La atención mediática y política que recibe Tenerife solo se entiende a la luz de la catástrofe que vivimos en La Palma.
Resulta cínico e insultante que participe el Consorcio de Compensación de Seguros asesorando en cómo proteger y asegurar las propiedades, cuando en La Palma muchos afectados no pudieron proteger sus propiedades.
El político es un ser singular. Se mueve con una coraza amoral que lo blinda frente a cualquier responsabilidad. Está convencido de que es, en esencia, la mejor persona para ocupar el cargo que ostenta, aunque en realidad su mayor mérito haya sido integrarse en la familia política de turno. Así funciona la política insular y estatal: menos mérito y preparación, más lealtades partidistas y obediencia ciega al aparato.
En tiempos de calma, la vida del político discurre entre cobrar puntualmente a fin de mes, aparecer en actos públicos y asegurarse un lugar en la siguiente lista electoral. Su máxima preocupación es no caer en desgracia interna y no ser apartado de la maquinaria del poder. Pero cuando la sociedad atraviesa una crisis, la máscara se cae. Es entonces cuando queda en evidencia lo que realmente son: gestores de la nada, improvisadores de manual, especialistas en culpar a otros de lo que ellos no hicieron.
Y lo más grave ocurre cuando a una crisis natural —un volcán, una tormenta, un incendio— le sumamos la crisis política. En ese punto, no hablamos ya de catástrofe natural, sino de desastre político y humano.
El espejo de Valencia.
Lo vimos hace apenas un año en Valencia. Una DANA que arrasó la región dejó un saldo trágico de 229 muertos. Y en medio del dolor, recientemente el vicepresidente de la Generalitat Valenciana tuvo la osadía de culpar a los propios afectados: “autoprotección es no bajar al garaje cuando entra agua en casa”.
Una frase que, por sí sola, pasará a la historia de la infamia política. Porque lo que no dijo el vicepresidente fue todavía más importante: que AEMET había lanzado el primer aviso cinco días antes; que Iberdrola había activado la alerta interna 24 horas antes; que la Universidad de Valencia suspendió las clases un día antes; que el Puerto de Valencia cerró sus operaciones a las 7:00 de la mañana del 29 de octubre; que a las 7:31 se activó el aviso rojo; y que la Diputación envió a su personal a casa a las dos de la tarde.
El primer aviso oficial del responsable de emergencias llegó a las 20:11 horas, cuando la tragedia ya estaba consumada y la mayoría de las víctimas había muerto ahogada. Ante esa cronología, resulta innegable: la mayoría de esas muertes eran evitables. No fue la DANA, fue la negligencia política.
El reflejo en La Palma.
La historia se repite en La Palma. Aquí tampoco se avisó a la población en riesgo cuando se inició el enjambre sísmico el 13 de septiembre de 2021. Durante seis días, hasta el estallido del volcán el 19, se acumularon más de 25.000 terremotos, se registraron diez enjambres sísmicos desde 2017, una deformación del terreno de 25 centímetros y la mayor concentración de helio-3 de origen magmático en tres décadas.
Los datos eran claros y evidentes. La amenaza estaba sobre la mesa. Sin embargo, políticos, técnicos y científicos actuaron como el gobierno valenciano: no hicieron nada. Estaban ocupados en otra cosa: la erótica del poder, los micrófonos, las ruedas de prensa, la lucha por convertirse en el referente mediático de la crisis. Los científicos anónimos que nunca habían salido de detrás de los libros de pronto eran las estrellas de televisión que abrían los telediarios.
Pero mientras crecía el ego entre políticos y científicos, nadie activaba protocolos de mitigación ni organizaba evacuaciones preventivas de personas, bienes o animales. Mientras la lava ascendía hacia la superficie con terremotos y gases, ellos buscaban los focos de las televisiones.
Pero cuando el volcán reventó días después, todos fingieron sorpresa. Y desde entonces, lo único que han hecho es intentar ocultar su fracaso, construir un relato falso y venderlo como éxito.
El relato de la mentira.
Ese relato sigue vivo hoy. Según la versión oficial, la emergencia estuvo perfectamente controlada, todo se hizo a tiempo y la evacuación fue ejemplar. Una mentira repetida hasta la saciedad en congresos, universidades y medios de comunicación. Una mentira que pretende convertir en éxito el “modelo de gestión de emergencias de La Palma” lo que en realidad fue un fracaso.
El mejor ejemplo es la frase de Miguel Ángel Morcuende, director técnico de la emergencia: “el éxito fue anticiparnos a los movimientos del volcán”. Una afirmación tan cínica que insulta a quienes perdimos casa, tierras y esperanza. Porque la verdadera anticipación no era dar ruedas de prensa, sino activar protocolos, avisar a la población, preparar evacuaciones. Eso era anticiparse. Todo lo demás es propaganda.
Quizás esa falta de diligencia y profesionalidad explique hoy el oscurantismo en los planes de emergencia, su falta de actualización y la ocultación de las actas del PEVOLCA, una negligencia que incrementa hoy el riesgo de la población en La Palma.
El desprecio hacia los afectados.
El desprecio hacia los afectados ha alcanzado niveles intolerables. El propio director de Vigilancia Volcánica del INVOLCAN utilizó la cuenta oficial de la institución para insultar en redes sociales a quienes lo habían perdido todo: a una vecina la llamó “mocosa malcriada” y “cretina”, llegando incluso a recomendarle que buscara un psiquiatra. A un vecino de Las Manchas que denunció haber sentido sismos semanas antes, le respondió con burla: “¿tiene usted un sismógrafo pegado en el culo?”.
Estas expresiones por parte de una autoridad de la emergencia no son simples exabruptos. Retratan lo peor de una gestión pública que deshumaniza a los afectados, evidencia una absoluta falta de empatía y consolida la soberbia de quienes, en lugar de proteger a la población, se colocan por encima de ella.
En la relación entre administración, científicos y políticos con los damnificados, la brecha de confianza se ha cimentado en ese desprecio altivo y en la falta de consideración que aún hoy persiste en forma de ocultación a la población de planes de emergencia, ausencia de información clara sobre la reconstrucción y la exclusión sistemática de los afectados de la planificación de la protección civil frente al riesgo volcánico.
Derechos pisoteados.
El problema no es solo moral, es legal. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil reconoce en su artículo 5 el derecho a la protección en caso de catástrofe. Y vincula ese derecho con la obligación de que los poderes públicos informen a la población sobre los riesgos, garanticen medidas de autoprotección y atiendan especialmente a las personas con discapacidad.
La Ley reconoce que todas las personas tienen derecho a estar informadas sobre los riesgos que puedan afectarles y sobre lo que deben hacer para prevenirlos o protegerse. Esta información debe darse antes de que ocurra una emergencia y también mientras se desarrolla. Los Planes de Protección Civil son la herramienta principal para explicar esos riesgos y las medidas a seguir. Además, la ley obliga a que la información continúe incluso después, en la fase de recuperación tras la catástrofe.
En La Palma, ese derecho se está vulnerando de forma sistemática en toda su amplitud, también hoy. No se informó, no se previno, no se planificó. Se dejó a la gente a ciegas frente a una de las amenazas naturales más graves de nuestra historia reciente.
Tenerife se adelanta, La Palma se queda atrás.
La prueba de la inacción es el presente. Estos días se celebra el primer simulacro de emergencia volcánica en España. Pero no en La Palma, la isla con mayor riesgo de sufrir otra erupción según los científicos serios, con tres erupciones en 75 años y con miles de familias todavía traumatizadas tras el volcán de 2021. El simulacro se celebra en Tenerife.
Cinco años llevaba planificado —desde 2019— y, tras retrasos por la pandemia, se ejecuta ahora. Incluye la activación de fases como el semáforo naranja, que en La Palma nunca se aplicó. Participa incluso el Consorcio de Compensación de Seguros, asesorando a vecinos sobre cómo proteger y asegurar sus propiedades. Una indignante secuencia de despropósitos para los que no pudimos asegurar nuestras propiedades ni siquiera con siete días de antelación y lo perdimos todo. Y mientras tanto, en La Palma seguimos sin simulacros, sin planes reales, sin cultura de riesgo, sin la implicación del Cabildo en la seguridad de los palmeros.
La frase más repetida entre los organizadores en Tenerife es: “nos estamos poniendo a prueba para aprender a identificar el riesgo y reaccionar frente al peligro”. ¿Cómo no sentir vergüenza al escucharla, cuando aquí ni siquiera hemos empezado ese camino?
Los simulacros son necesarios para probar los planes y las personas, evaluarlas y entrenarlas en las emergencias, y para crear un estado de opinión y sensibilizar a la población en riesgo.
La humillación de La Palma.
Para los palmeros, esto es una humillación. Saber que Tenerife ensaya lo que aquí se nos privó. Saber que se nos negó el derecho a conocer el riesgo, a prepararnos, a protegernos. Saber que nuestros dirigentes están más pendientes de la política chabacana y de asegurarse un sillón en las elecciones dentro de dos años, antes que en garantizar la seguridad de nuestra gente.
Como dijo sin pudor un político en el quiosco de la plaza de Los Llanos: “¿qué hay de lo mío?”, buscando que el partido lo rescatase del olvido al no estar ya en el grupo de gobierno del Cabildo. Esa es la filosofía que nos gobierna. ¿Qué hay de lo nuestro?, nos preguntamos los afectados.
Una cuestión de dignidad.
La autoprotección no es un lujo, es un derecho fundamental. Pero en La Palma se ha convertido en una quimera. El Cabildo nos niegan la información, nos niegan los planes, nos niegan los simulacros. No es una suposición, los hemos reclamado y ni nos los entregan ni los publican. Y lo peor: nos niegan la dignidad de ser tratados como ciudadanos conscientes, capaces de decidir y protegerse si cuentan con la información adecuada.
¿En qué momento la autoprotección dejó de ser un derecho ciudadano? El Cabildo de La Palma vulnera de forma sistemática el artículo 5 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que reconoce expresamente el derecho a la protección en caso de catástrofe. Esta norma obliga a los poderes públicos a garantizar medidas específicas para que la población —y en particular las personas con discapacidad— conozca los riesgos, reciba información clara y oportuna, disponga de herramientas de prevención y participe activamente en los planes de protección civil. Autoprotección y derecho a la información son inseparables, y ambos han sido negados a la ciudadanía palmera.
Sergio Rodríguez debería haber estado en Tenerife, tomando nota, aprendiendo del simulacro, comprometiéndose a implantarlo en La Palma de inmediato. Pero no lo hizo.
La gran deuda pendiente.
El éxito en la gestión de una catástrofe no se mide en fotos ni en titulares, sino en vidas salvadas, daños evitados y confianza preservada. En La Palma, nada de eso ocurrió. Y mientras no se reconozca, mientras no se corrija, seguiremos condenados a repetir la historia.
La Palma necesita un cambio profundo en su gobernanza pública, basado en la transparencia total de las actas del PEVOLCA, la realización de simulacros regulares de emergencias volcánicas en el lugar donde más se necesitan, la actualización y publicación de planes con participación ciudadana real, un trato digno y empático hacia los afectados y la sustitución de gestores oportunistas por responsables que piensen en el bien común y no en intereses personales.
Porque si la lava sepultó casas, fincas, raíces y propiedades la negligencia política ha sepultado la confianza ciudadana. Y si la erupción terminó en 85 días, la incompetencia política amenaza con prolongarse durante décadas, “desde la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados por el Volcán expresamos nuestro desconcierto y nuestra indignación porque, cuatro años después, seguimos sin planes, sin transparencia y sin prevención; exigimos acción inmediata porque cada día perdido es un golpe más a la dignidad de las familias afectadas.”.
+Información: https://reconstruyelapalma.com/
Autor: Iniciativa Ciudadana de Afectados por el Volcán de La Palma
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