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| Canarias avanza en su estrategia sanitaria 2026-2031 con el apoyo unánime del CES y propuestas para mejorar sostenibilidad y salud mental |
El Consejo Económico y Social de Canarias respalda el Plan de Salud 2026-2031 y llama a reforzar la equidad, la prevención y la innovación sanitaria.
El Pleno del Consejo Económico y Social de Canarias aprobó este miércoles, 11 de febrero, por unanimidad, el dictamen sobre el Plan de Salud de Canarias 2026-2031, al que valora como un instrumento estratégico integral orientado a mejorar la salud de la población, reducir desigualdades y reforzar la prevención, la atención primaria y la sostenibilidad del sistema sanitario en el archipiélago.
El respaldo del órgano consultivo se produce después de haber aprobado también por unanimidad el Dictamen 1/2026 relativo al Anteproyecto de Ley de Salud Pública y de creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, lo que refleja la continuidad de su labor en la modernización del sistema sanitario de las islas.
El presidente del Consejo, José Carlos Francisco, subrayó que invertir en salud no es solo una política sanitaria, sino un compromiso con la cohesión social y la calidad de vida de toda la ciudadanía. En este sentido, destacó que el documento ofrece una visión moderna, preventiva y centrada en las personas, integrando salud pública, atención sanitaria y servicios sociales, con independencia de la isla de residencia.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Política de Bienestar Social, Sergio Melián, explicó que el Plan de Salud, acompañado de las recomendaciones del CES, permitirá anticipar riesgos, reforzar la atención a enfermedades crónicas y a la salud mental, así como mejorar la respuesta ante los retos derivados del envejecimiento poblacional, el cambio climático y la fragmentación territorial de Canarias. A su juicio, el dictamen contribuye a consolidar un sistema sanitario sólido, equitativo y moderno que no solo protege a la ciudadanía, sino que también fortalece la cohesión social y prepara a las islas para los desafíos futuros.
El CES considera fundamental que el Plan de Salud vaya acompañado de medidas que garanticen su eficacia y sostenibilidad. Entre ellas, plantea la actualización de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias, vigente desde 1994, para adaptarla a los retos actuales del archipiélago. Asimismo, recomienda reforzar los mecanismos de evaluación mediante la creación de un órgano responsable y la implantación de un cuadro de mando público que permita hacer seguimiento de los objetivos.
El dictamen también incide en la conveniencia de establecer un comité estratégico que coordine políticas interdepartamentales, fomentando la colaboración entre administraciones y con el sector privado cuando sea necesario. En materia de prevención y promoción de la salud, propone impulsar la actividad física y los hábitos saludables, garantizando recursos, equipamientos y beneficios fiscales, además de reforzar la atención a la salud mental desde un enfoque multidisciplinar y con control del uso de psicofármacos.
Igualmente, el Consejo apuesta por incrementar los recursos humanos, técnicos y económicos allí donde se detecten déficits y por garantizar la equidad territorial entre islas, un aspecto especialmente relevante para territorios no capitalinos como La Palma. Para mejorar la respuesta ante riesgos ambientales, aconseja fortalecer la coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología, especialmente ante episodios de calima.
El CES insta también a reducir las listas de espera mediante planes de choque con objetivos definidos, a controlar de forma racional el gasto farmacéutico y a desagregar los objetivos estratégicos en programas operativos con responsables concretos, aplicando un enfoque de curso de vida que adapte las políticas sanitarias a cada etapa vital.
El Consejo Económico y Social de Canarias es un órgano colegiado que tiene como finalidad garantizar la participación de los agentes sociales en las políticas públicas del Gobierno de Canarias. Está integrado por organizaciones de consumidores, expertos designados por el Ejecutivo autonómico, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y Cámaras de Comercio. Entre sus funciones figura la elaboración de informes y dictámenes preceptivos en materia económica, social y laboral, contribuyendo a la modernización, equidad y eficacia de las políticas públicas en las islas.
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