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| Acusan al Gobierno de Canarias de aplicar la Ley de Autoridad Docente antes de su aprobación - Foto de archivo. |
Las familias canarias han trasladado su postura ante el Proyecto de Ley de Autoridad Docente durante su participación en la Comisión Parlamentaria que analiza esta norma. A lo largo de abril de 2024, las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnado han sido convocadas como representantes del sector, en un proceso en el que han expuesto sus consideraciones.
En un comunicado emitido desde Arrecife el 13 de abril de 2026, la Confederación de Federaciones de AMPAS de Canarias, CONFAPACANARIAS, ha manifestado su rechazo al comportamiento de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en relación con esta iniciativa legislativa orientada a recuperar la autoridad del profesorado.
Desde la organización se señala que las asociaciones de madres y padres acudieron a la Comisión Parlamentaria con voluntad de participación, a pesar de considerar que el margen de modificación de la norma era limitado, al entender que el texto “estaba atado y bien atado”. Aun así, expusieron su opinión, indicando que, a su juicio, el proyecto responde a estrategias sindicales que, según afirman, llevan años señalando a las familias y a sus organizaciones.
En este contexto, CONFAPACANARIAS critica que el Gobierno haya mostrado un carácter autoritario en la gestión de este proceso. Como ejemplo, menciona la presentación ante directores de centros del organismo encargado del bienestar del profesorado, así como decisiones relacionadas con la retirada de coberturas de seguros para actividades de las AMPAs, que posteriormente fueron restituidas en un corto plazo. También denuncian la falta de reuniones con los representantes de las familias, pese a haber sido solicitadas durante meses.
La organización cuestiona el papel de la Comisión Parlamentaria al considerar que el Ejecutivo ya estaría aplicando medidas incluidas en el Proyecto de Ley, lo que, a su entender, vacía de contenido el debate legislativo en curso. En este sentido, califican la situación como una falta de respeto hacia las familias canarias.
Asimismo, el comunicado alude a la publicación por parte de un sindicato de una guía sobre las funciones de las familias en los centros educativos, coincidiendo con el periodo de debate parlamentario, un hecho que la organización considera relevante en el contexto actual.
Por otro lado, CONFAPACANARIAS sostiene que el Gobierno de Canarias está impulsando un proceso de privatización del sistema educativo en el archipiélago. Entre los aspectos que señalan, destacan la financiación de enseñanzas privadas de 0 a 3 años ante la falta de plazas públicas suficientes, la transformación de la PAU en un mecanismo que, según indican, favorece a centros privados, y la falta de inversión en infraestructuras educativas en determinadas islas y municipios, que vinculan a decisiones políticas en diferentes niveles de gobierno.
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