El Gobierno de Canarias incorpora tecnología y mayor transparencia a la información cartográfica de las Islas

El Gobierno de Canarias incorpora tecnología y mayor transparencia a la información cartográfica de las Islas - Foto: Grafcan

El Ejecutivo da el visto bueno al reglamento del Consejo Cartográfico y remite la propuesta de decreto al Consejo Consultivo para su análisis jurídico.

El objetivo es impulsar el Consejo Cartográfico, que unificará criterios, adaptará el sistema a las normas estatales y europeas y permitirá reflejar las políticas públicas en una única plataforma de acceso universal.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta semana el proyecto de decreto del reglamento del Consejo Cartográfico de Canarias con el objetivo de impulsar este organismo público para incorporar más herramientas tecnológicas, aumentar su transparencia y unificar los criterios de uso para todas las administraciones de Canarias. Esta propuesta de reglamento se remite ahora al Consejo Consultivo para ser analizada desde un punto de vista jurídico antes de su aprobación definitiva.

El reglamento, elaborado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, ha sido sometido a la opinión del resto de departamentos del Ejecutivo autonómico, cabildos, ayuntamientos y universidades, entre otras entidades consultadas.

Este documento supondrá un impulso al funcionamiento del Consejo Cartográfico, órgano asesor del Gobierno creado en 1994, cuyo objetivo es servir de apoyo en asuntos referidos a la planificación cartográfica y los sistemas de información geográfica. Este sistema requiere llevar a cabo una actualización, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino en el ámbito de las normas europeas y estatales y las exigencias de transparencia que están presentes en las políticas públicas en la actualidad.

El impulso al Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) tiene dos líneas de trabajo principales. El consejero del área, Manuel Miranda, explicó que, por un lado, existe la necesidad de adaptar el sistema tanto a las nuevas posibilidades tecnológicas como a las normativas estatal y europea en la materia, y que esta adaptación tecnológica, “unida a la unificación de criterios, permitirá avanzar en lo que se denomina la interoperabilidad del sistema, es decir, que todas las administraciones puedan compartir información en los mismos términos y les sea igualmente útil”.

Así, el sistema, una vez actualizado, “permitirá a las administraciones tomar decisiones casi en tiempo real, con una base de datos permanentemente actualizada y desplegada en el territorio”.

La otra línea de trabajo está vinculada a la transparencia y al acceso a los datos por parte de la ciudadanía. “Además de garantizar un acceso universal a la plataforma -explicó Miranda-, el sistema debe reflejar todas las políticas públicas proyectadas en el territorio y aportar seguridad jurídica a todos los operadores, incluyendo a la ciudadanía, lo que supone un salto de calidad trascendental respecto a la transparencia de los sistemas de información territorial”.

“La planificación de las políticas públicas se ha venido realizando con datos estáticos o solicitando actualizaciones que resultaban complejas”, subrayó el titular del área. “El objetivo es que, cuando la herramienta funcione a pleno rendimiento, los poderes públicos puedan planificar sus políticas de manera dinámica, con datos que prácticamente estarán en tiempo real. Un cambio que, sin duda, permitirá pensar a largo plazo con información real y de fácil acceso”.