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| El PP reclama soluciones reales ante los retrasos en la valoración de discapacidad en la isla |
La portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, firma un artículo de opinión en el que analiza la situación actual del sistema de valoración del grado de discapacidad en la isla, poniendo el foco en la falta de resultados efectivos pese a las medidas anunciadas en los últimos meses.
En su reflexión, señala que en política social no es suficiente con presentar iniciativas o destinar recursos de forma puntual, sino que lo verdaderamente relevante es que las decisiones tengan un impacto real en la vida de las personas. En este sentido, sostiene que en La Palma esa efectividad no se está logrando en un ámbito especialmente sensible como es el de la valoración de la discapacidad.
Recuerda que hace unos meses se anunció la formación de profesionales del Cabildo con el objetivo de agilizar los procedimientos y aportar estabilidad al sistema. Una medida que, sobre el papel, se interpretó como positiva al buscar reforzar la capacidad de respuesta de la administración.
Sin embargo, expone que la situación actual difiere de lo previsto. A su juicio, formar profesionales no equivale a disponer de un equipo estable, coordinado y plenamente operativo. En la actualidad, indica que la isla no cuenta con un sistema que garantice la continuidad en las valoraciones, lo que está generando incertidumbre y retrasos en un proceso clave para numerosas familias.
En el artículo también se hace referencia a que, hasta fechas recientes, existía un convenio de colaboración que permitía disponer de un equipo de valoración permanente. Aunque reconoce que se trataba de un modelo mejorable, considera que ofrecía una estructura operativa capaz de dar respuesta a las necesidades existentes.
Ante este escenario, plantea la duda sobre cómo se está organizando el trabajo de los profesionales formados en ausencia de un equipo consolidado. Según expone, sin una planificación adecuada, el esfuerzo formativo pierde eficacia y no se traduce en mejoras reales en el servicio.
Asimismo, subraya que la valoración del grado de discapacidad no es un mero trámite administrativo, sino un paso esencial para acceder a derechos fundamentales como prestaciones, apoyos, recursos sociales o atención sociosanitaria. Por ello, advierte de que los retrasos en estos procedimientos suponen, en la práctica, una limitación en el acceso a dichos derechos.
La portavoz incide en que detrás de cada expediente hay personas y familias que necesitan respuestas ágiles y certezas por parte de la administración, en situaciones que no pueden demorarse.
Por último, defiende la necesidad de reforzar el sistema mediante una planificación clara que permita contar con un equipo estable, dotado de medios suficientes, coordinado y en pleno funcionamiento. Concluye que avanzar en esta dirección no es solo una cuestión de gestión, sino una responsabilidad social, ya que cuando se trata de derechos, el tiempo también es determinante.
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