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| Pablo Rodríguez reclamó en Madrid una revisión de los criterios de reparto del Plan de Vivienda |
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, solicitó el pasado jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid que el Estado adelantara antes del mes de julio la transferencia de los 42 millones de euros correspondientes a la anualidad de 2026 del Plan Estatal de Vivienda.
Durante el encuentro, al que también asistió la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, el consejero defendió la necesidad de que Canarias disponga de la financiación antes de que finalice el primer semestre del año para garantizar la ejecución de los proyectos y ayudas previstos para la segunda mitad de 2026.
Rodríguez señaló que, si los fondos son transferidos antes de julio, el Ejecutivo autonómico estará en disposición de desarrollar la planificación prevista para este ejercicio.
Canarias recibe una financiación estatal de 222,6 millones de euros a cinco años dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una cantidad que representa el 5,30% del reparto estatal contemplado en el programa. A esta cifra se suma una aportación adicional de 148,4 millones de euros por parte del Gobierno de Canarias.
En la anualidad correspondiente a 2026, el archipiélago debe percibir 42 millones de euros del Estado. Según establece el propio plan, el 40% de estos fondos se destinará a construcción de vivienda, el 30% a rehabilitación y el 30% restante a políticas de vivienda.
Durante la Conferencia Sectorial, los representantes canarios reiteraron también la necesidad de revisar los criterios de reparto de los fondos estatales destinados al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Gobierno autonómico considera que los parámetros actuales no responden a la realidad económica, social y demográfica de Canarias.
El Ejecutivo regional ya había trasladado esta reivindicación en anteriores conferencias sectoriales y en las alegaciones remitidas al Plan Estatal de Vivienda. Según expuso el consejero, los criterios empleados para distribuir los créditos entre las comunidades autónomas continúan utilizando indicadores de renta per cápita correspondientes al año 1991.
Rodríguez defendió que estos parámetros no reflejan de forma precisa la realidad actual de Canarias y limitan la efectividad de los recursos asignados. Además, insistió en que la evolución social, económica y demográfica del archipiélago durante los últimos 35 años obliga a actualizar los criterios de reparto e incorporar indicadores que respondan a las particularidades actuales de cada territorio.
Por este motivo, el Gobierno de Canarias solicitó al Ministerio que permita modular esos límites en función de las características específicas de cada comunidad autónoma y del perfil real de las personas que necesitan apoyo público para acceder a una vivienda.
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