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| Nieves Hernández plantea reforzar la colaboración institucional para responder a la demanda de vivienda en La Palma |
Nieves Hernández cuestiona la gestión de la vivienda en La Palma y pide acelerar las soluciones habitacionales.
La consejera y portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, ha planteado una reflexión sobre la gestión de las políticas de vivienda en la isla y se pregunta si las decisiones adoptadas en los últimos años han sido las más adecuadas para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Hernández señala que el acceso a una vivienda se ha convertido en un problema que afecta a diferentes sectores de la población, desde jóvenes que no encuentran una opción asequible para independizarse hasta personas afectadas por la erupción volcánica que continúan esperando una solución definitiva. También hace referencia a las dificultades que encuentran algunos municipios para crecer debido a la escasez de oferta residencial.
Según expone, más de 500 familias figuran inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida a la espera de una solución habitacional. La consejera considera que esta cifra representa la demanda acreditada existente, aunque apunta que la necesidad real podría ser mayor al no estar todas las personas afectadas registradas oficialmente.
La portavoz popular recuerda que, al inicio del actual mandato, el grupo de gobierno de Coalición Canaria decidió no continuar con la línea de colaboración que se desarrollaba con VISOCAN para impulsar actuaciones de construcción y rehabilitación de viviendas en la isla. En su lugar, señala, se optó por crear en abril de 2024 un Área de Vivienda propia dentro del Cabildo de La Palma, asumiendo competencias relacionadas con la promoción de vivienda protegida, la gestión del parque público insular, la policía de vivienda y la coordinación municipal en esta materia.
Asimismo, destaca que el Cabildo recibió a finales de diciembre de 2023 una subvención de 24 millones de euros procedente del Gobierno de Canarias destinada a actuaciones vinculadas a vivienda para las personas afectadas por la erupción volcánica. A juicio de Hernández, estos recursos representaban una oportunidad relevante para afrontar la emergencia habitacional que atraviesa la isla.
Sin embargo, sostiene que, transcurridos dos años y medio, los resultados obtenidos siguen siendo insuficientes. Según indica, más de 16 millones de euros continúan sin ejecutarse y los avances tangibles para la ciudadanía son limitados en relación con la magnitud de la demanda existente. En este sentido, considera que el debate debe centrarse en los resultados obtenidos y no únicamente en quién gestiona los recursos disponibles.
La consejera afirma que la efectividad de las políticas de vivienda debe medirse por el número de viviendas construidas, rehabilitadas y entregadas a quienes las necesitan. Por ello, plantea la posibilidad de que los recursos disponibles hubieran podido ejecutarse con mayor rapidez a través del Instituto Canario de la Vivienda, organismo que tiene atribuidas estas competencias en Canarias y que dispone de estructura técnica, experiencia y procedimientos específicos para el desarrollo de promociones públicas.
Hernández también pone de relieve el esfuerzo realizado por distintos ayuntamientos de la isla, que han puesto suelo a disposición de las administraciones públicas para facilitar la construcción de nuevas viviendas, especialmente en el Valle de Aridane, donde la necesidad continúa siendo especialmente elevada tras la erupción volcánica.
La portavoz popular subraya que el objetivo no es abrir un debate institucional, sino analizar qué modelo de gestión permite ofrecer respuestas más ágiles y eficaces a las personas que llevan años esperando una solución. En su opinión, las políticas de vivienda requieren coordinación entre administraciones, capacidad técnica, agilidad en la ejecución y aprovechamiento de todas las herramientas disponibles.
Finalmente, Nieves Hernández considera que aún existe margen para acelerar la construcción de vivienda pública, reforzar la colaboración institucional y aprovechar plenamente las capacidades del Instituto Canario de la Vivienda. A su juicio, la ciudadanía demanda soluciones concretas y respuestas efectivas a una de las principales preocupaciones sociales de La Palma.
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