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| Drago Canarias rechaza la Ley de Municipios Turísticos por perpetuar la masificación y reclama un cambio de modelo |
Drago Canarias ha expresado su rechazo a la Ley de Municipios Turísticos de Canarias tras la publicación de la norma el pasado 27 de julio en el Boletín Oficial de Canarias. El posicionamiento fue analizado por el Secretariado Nacional de la organización, máximo órgano de dirección política del partido, a partir de los informes elaborados por sus bloques de trabajo sectoriales sobre la ley, aprobada el 8 de julio de 2026 por el Parlamento de Canarias.
La formación señala que, desde su fundación, ha asumido el compromiso de abordar los debates estructurales relacionados con la crisis del modelo de turismo masivo, la expulsión habitacional de la población canaria de sus núcleos históricos y la presión que, a su juicio, soporta el territorio del archipiélago.
Tras estudiar el contenido de la norma, Drago Canarias considera que la Ley de Municipios Turísticos representa una oportunidad perdida para impulsar un cambio de modelo turístico. En este sentido, reconoce el trabajo realizado por parte de la academia pública canaria, así como la posición mantenida por colectivos ecologistas y plataformas sociales que durante los últimos meses habían manifestado su rechazo al texto.
La organización contrapone su postura a la valoración realizada por las fuerzas que integran el pacto de gobierno en el Parlamento de Canarias, recordando además que la ley también recibió el apoyo de la oposición. Frente a ese respaldo parlamentario, Drago Canarias afirma que se posiciona junto a la comunidad científica y a los movimientos sociales.
Según expone la formación, la ley considera como indicadores de "excelencia" aspectos como la elevada dependencia económica del turismo, la existencia de poblaciones flotantes que multiplican a la población residente y la necesidad de que las administraciones públicas atiendan una presión humana superior a la capacidad del territorio. A su juicio, la norma no prioriza medidas relacionadas con la diversificación económica, la protección del suelo, la reducción de plazas turísticas, la vivienda residencial o la recuperación de barrios para la población canaria.
Asimismo, sostiene que la ley no establece límites vinculantes sobre el número de camas turísticas, vehículos de alquiler, consumo de agua, generación de residuos, presión energética, movilidad o pérdida de vivienda residencial. Para Drago Canarias, la ausencia de estos límites impide vincular la sostenibilidad a la capacidad de carga ecológica y humana del archipiélago.
La formación también critica que la mayoría parlamentaria rechazara medidas destinadas, según expone, a proteger a los pequeños propietarios frente a los grandes operadores hoteleros. Considera que esta decisión mantiene la inseguridad jurídica de las familias residentes en complejos turísticos tradicionales y entiende que la norma responde a un modelo basado en el monocultivo turístico y en la gestión de las consecuencias de la saturación.
En su análisis, Drago Canarias sostiene que la ley favorece los intereses de la patronal turística y advierte de que los ayuntamientos podrían verse incentivados a mantener o incrementar los niveles de masificación para conservar su condición de municipios turísticos.
El partido cuestiona además el modelo turístico actual y afirma que los datos oficiales reflejan que, en numerosos municipios e incluso en algunas islas, se ha superado la capacidad de carga social y ecológica. En este contexto, relaciona el incremento de la desigualdad, el sinhogarismo, la inseguridad en núcleos turísticos y el aumento de residuos y vertidos no controlados con el crecimiento del peso del turismo en el territorio.
Drago Canarias considera igualmente que la ley entra en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno de Canarias y por el Estado español en materia de sostenibilidad social, económica y medioambiental. A su juicio, la norma incentiva la masificación desde el punto de vista fiscal y político, mientras ignora los límites físicos del archipiélago.
La organización sostiene que las referencias incluidas en la ley a planes de movilidad o vigilancia ambiental no son suficientes si no van acompañadas de herramientas para limitar el crecimiento turístico. En este sentido, afirma que el texto mantiene un enfoque reactivo al asumir como inevitable el aumento continuado de visitantes.
Otro de los aspectos señalados por la formación es la financiación de los servicios públicos. Drago Canarias plantea que el incremento de las necesidades de limpieza, seguridad, abastecimiento de agua, transporte, personal e infraestructuras derivadas de la población flotante requiere una financiación específica. En su opinión, la ausencia de una ficha financiera clara y de mecanismos redistributivos puede provocar que los costes de la masificación recaigan sobre el conjunto de la sociedad mientras los beneficios permanecen en el ámbito privado.
No obstante, la organización reconoce que la presión ejercida por distintos sectores sociales y académicos permitió introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria, como la creación de la categoría de "singularidad" y una mayor flexibilidad para las islas verdes. Aun así, considera que estos cambios no alteran el modelo de fondo que plantea la ley.
Como alternativa, Drago Canarias defiende un proceso de decrecimiento turístico basado en la reducción de camas turísticas, la disminución de la presión sobre el agua y el suelo, una menor dependencia del alquiler turístico, el impulso de la vivienda residencial, el fortalecimiento de la economía productiva local y una planificación basada en criterios científicos y democráticos sobre la capacidad de carga de cada isla.
Finalmente, la formación reclama un cambio de rumbo en la política turística de Canarias. Considera que el archipiélago necesita medidas orientadas a contener la masificación y el crecimiento turístico, en lugar de centrarse únicamente en gestionar sus consecuencias. Asimismo, reivindica soberanía, sostenibilidad real y respeto a la dignidad de la población canaria.
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