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| Canarias pide a Madrid un acuerdo para recuperar el Abono Joven para estudiantes desplazados |
El Gobierno de Canarias busca alcanzar un acuerdo con la Comunidad de Madrid que permita garantizar la continuidad del transporte público bonificado para los estudiantes canarios que se desplazan temporalmente a la capital para cursar sus estudios.
La Dirección General de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, dirigida por María Fernández, ha remitido al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) una propuesta formal para que se reconozca la singularidad de Canarias en el acceso de los estudiantes del Archipiélago a los abonos de transporte público de la Comunidad de Madrid. El objetivo es evitar que estos estudiantes tengan que renunciar a su residencia en Canarias para poder beneficiarse de las bonificaciones.
La propuesta está dirigida exclusivamente a un colectivo concreto: estudiantes residentes en Canarias que se desplazan temporalmente a Madrid durante el curso escolar para realizar estudios reglados y que necesitan mantener su condición de residentes en el Archipiélago.
La iniciativa se plantea después de que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid modificara en junio las condiciones de acceso a los abonos de transporte. Entre los nuevos requisitos se encuentra el empadronamiento en la Comunidad de Madrid, una condición que afecta a los estudiantes canarios desplazados durante el curso.
Durante el curso pasado, los estudiantes canarios que residían temporalmente en Madrid podían acceder al Abono Joven, con un coste mensual de 10 euros, que permitía viajar de forma ilimitada por la capital. Con las condiciones actuales, la alternativa disponible es el bono turístico.
María Fernández ha explicado que un estudiante que realice dos viajes diarios, de ida y vuelta a la universidad, debe recurrir actualmente al bono de 10 viajes, cuyo precio es de 7,30 euros. Con una estimación de 40 viajes al mes, el coste se sitúa cerca de los 30 euros únicamente para los desplazamientos a la universidad. Según la directora general de Movilidad y Transportes del Gobierno de Canarias, esto supone casi un 200% más respecto al coste del curso pasado.
El Ejecutivo canario remitió su propuesta formal al Consorcio de Transportes de Madrid el pasado 12 de agosto. La iniciativa pretende evitar que la aplicación de un requisito formal genere un efecto material desproporcionado sobre un colectivo que, según argumenta el Gobierno de Canarias, se encuentra condicionado por una situación territorial excepcional reconocida por el Derecho europeo y español.
Fernández ha defendido que la propuesta no pretende establecer un privilegio, sino atender una necesidad que, según señala, ya está reconocida por el ordenamiento jurídico español y europeo.
Entre los argumentos trasladados al Consorcio de Transportes de Madrid figura la condición de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, así como la lejanía y la dependencia estructural del transporte aéreo y marítimo que caracteriza al Archipiélago. El Gobierno de Canarias también señala la necesidad de que los estudiantes no tengan que renunciar a su condición de residentes, dado que cuentan con un régimen estatal específico de compensación de los costes derivados de la discontinuidad territorial.
Canarias tiene la condición jurídica de región ultraperiférica y las políticas públicas deben adaptarse, en la medida de lo posible, a sus características para compensar las desventajas territoriales. El artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea contempla la adopción de medidas específicas destinadas a adaptar la aplicación de las políticas públicas a las características y exigencias especiales de estas regiones. Este marco también está recogido en el Estatuto de Autonomía de Canarias, que reconoce expresamente que las circunstancias del Archipiélago pueden requerir condiciones específicas para la aplicación de las políticas públicas.
Fernández ha señalado que varias decenas de estudiantes canarios se han puesto en contacto con la Dirección General de Transportes y Movilidad para trasladar su preocupación por una situación que, según ha indicado, incrementa de forma considerable el coste mensual del transporte. La directora general también sostiene que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias reconoce el transporte como un elemento esencial para la cohesión territorial y considera que las actuales condiciones establecidas por la Comunidad de Madrid afectan a este principio.
La responsable autonómica ha destacado además las consecuencias que tendría para un estudiante canario renunciar a su residencia en el Archipiélago. Según ha explicado, esta decisión podría dificultar el regreso a Canarias durante periodos como Navidad o implicar un coste elevado para poder hacerlo.
La propuesta remitida a Madrid contempla también la posibilidad de establecer un acuerdo de reciprocidad con estudiantes madrileños que se desplacen a Canarias, de manera que puedan acogerse a las bonificaciones existentes en el Archipiélago.
El Gobierno de Canarias considera que la propia Comunidad de Madrid ha planteado una posible vía para resolver esta situación. A través del Consorcio Regional de Transportes, Madrid ha contemplado la posibilidad de establecer convenios con otras comunidades autónomas que permitan a estudiantes y universitarios desplazados acceder a determinados títulos de transporte sin necesidad de empadronarse.
Según la propuesta canaria, bastaría con articular un convenio específico, limitado y verificable, que estableciera esta excepcionalidad para los estudiantes canarios desplazados temporalmente a Madrid.
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, estudia actualmente la propuesta remitida por Canarias y deberá responder en las próximas semanas. El Ejecutivo canario reclama celeridad en el proceso ante una situación que, según señala, ya está afectando a miles de canarios desplazados durante el curso escolar 2026/2027.
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