El Ayuntamiento de Breña Baja actualiza las ordenanzas fiscales de recogida de residuos y suministro de agua potable

El Ayuntamiento de Breña Baja actualiza las ordenanzas fiscales de recogida de residuos y suministro de agua potable

La modificación responde al estricto cumplimiento de imperativos legislativos a nivel estatal y europeo, garantizando la viabilidad técnica y económica de estos servicios básicos.

Pese a los imperativos legales, Breña Baja registra el menor incremento impositivo en ambas tasas en comparación con los ayuntamientos de la isla que ya han actualizado sus ordenanzas.

El equipo de gobierno aplica el mínimo incremento posible para mitigar el impacto fiscal en las familias y mantiene bonificaciones fiscales de ámbito social y medioambiental.

El Ayuntamiento de Breña Baja ha aprobado, mediante acuerdo plenario, la actualización de las ordenanzas fiscales correspondientes a las tasas de gestión de residuos y suministro de agua potable. Esta modificación responde al estricto cumplimiento de la legalidad vigente, motivada por los imperativos legislativos a nivel estatal y europeo, así como por la necesidad de garantizar la viabilidad técnica y económica de los servicios básicos municipales.

Tasa de recogida de residuos En relación con la tasa de recogida de residuos, el incremento cifrado en un 10 % de media para el uso doméstico —que traducido a euros supondrá una subida de 6,50 euros— viene dictado directamente por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, una norma impuesta por el Gobierno central que deriva de una Directiva Europea. Esta legislación obliga a todos los ayuntamientos a cobrar el 100 % del coste real del servicio, prohibiendo expresamente que la gestión de basuras sea deficitaria y se financie mediante otros tributos.

Asimismo, la ordenanza procede a diferenciar el gasto según el sector y la actividad, distinguiendo entre restauración y hostelería, hoteles, locales industriales o locales comerciales al por menor. En cuanto a beneficios fiscales, el Ayuntamiento ha aplicado todas las bonificaciones permitidas por la normativa vigente y que se puedan constatar, tales como:.

• Participación en programas de compostaje y utilización de contenedores de residuos orgánicos.

• Actividades que se viesen afectadas por una obra pública durante un período de 6 meses o más.

• Establecimiento de sistemas de reducción de residuos alimentarios.

• Medidas de ámbito social dirigidas a colectivos o familias con riesgo de exclusión social o con cierto nivel de renta por unidad familiar.

Al respecto, el alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, señala que «el Gobierno socialista ha impuesto esta ley de forma homogénea, sin tener en cuenta nuestras singularidades y sin intentar negociar ni mitigar el sobrecoste estructural que sufrimos en las zonas ultraperiféricas». El primer edil añade que «nos aplican las mismas reglas que a la Península, encareciendo el servicio, mientras que otros países, como Portugal, sí han tenido en cuenta estas peculiaridades de sus zonas ultraperiféricas».

Tasa de suministro de agua potable En segundo lugar, respecto al suministro de agua potable, se adecúa la tarifa para reflejar el coste real del servicio, actualizando dicho valor conforme al IPC. El Ayuntamiento ha procedido a ajustar la tasa en un 26,47 %, lo que supone un aumento medio de 3,50 euros en el recibo para uso doméstico, tras confirmar a través de los informes técnicos que el servicio acumulaba un déficit insostenible y prohibido por la legislación vigente, el cual las arcas municipales no podían seguir asumiendo.

Dado que el coste de la extracción, elevación, mantenimiento de la red y suministro ha sufrido un aumento drástico en los últimos años, el alcalde subraya que «no se puede poner en riesgo el suministro de un bien de primera necesidad, por lo que ajustamos lo justo y necesario para que la tarifa cubra el coste real del servicio prestado, tal y como exige la ley».

Ajuste mínimo indispensable A pesar de estas imposiciones legales, la corporación destaca que Breña Baja registra el menor incremento impositivo en ambas tasas en comparación con los ayuntamientos de la isla que ya han actualizado sus ordenanzas.

Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Abel Pérez, deja claro que «no se trata de una decisión recaudatoria, sino de una obligación impuesta». No obstante, recalca que «la subida de las tasas ha sido la mínima indispensable para dar cumplimiento a la normativa vigente, intentando dentro de nuestras capacidades disminuir lo más posible el impacto fiscal a nuestros vecinos, y por este motivo, el incremento aplicado es de los más bajos de nuestro entorno y de Canarias».