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Sergio Rodríguez exige eliminar las reglas fiscales para acelerar la reconstrucción de La Palma

El Cabildo reclama al Estado 7,3 millones por el alojamiento hotelero de los afectados por el volcán
El Cabildo reclama al Estado 7,3 millones por el alojamiento hotelero de los afectados por el volcán

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha reclamado al Gobierno central la eliminación de las reglas fiscales que afectan a la institución insular para evitar que se frenen las inversiones destinadas a la recuperación de la isla. También ha exigido una solución para recuperar los 7,3 millones de euros que la corporación desembolsó para alojar en hoteles a las personas afectadas por la emergencia volcánica, así como aclaraciones sobre la continuidad de la bonificación del 60% del IRPF en 2027.

Las reivindicaciones fueron trasladadas este jueves al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una nueva reunión de la Comisión Mixta para la Reconstrucción, Recuperación y Apoyo a la Isla de La Palma. Rodríguez agradeció la disposición del ministro, del comisionado especial y del equipo técnico del Ministerio, aunque advirtió de la urgencia de adoptar medidas ante el cierre del ejercicio presupuestario y las elecciones previstas para el próximo 29 de noviembre.

Durante su intervención, el presidente insular cifró en cerca de 80 millones de euros el esfuerzo inversor realizado por el Cabildo con fondos propios para impulsar la recuperación. Para mantener el ritmo de las actuaciones, la institución ha tenido que recurrir al endeudamiento y priorizar estas inversiones frente a otros objetivos ordinarios. Entre los trabajos realizados destacó la apertura de caminos para facilitar el acceso a las fincas, la recuperación de vías y la creación de condiciones para que los vecinos puedan reconstruir sus viviendas.

Uno de los principales asuntos abordados fue la aplicación de las reglas fiscales. El Estado reconoce actuaciones por un importe aproximado de 60 millones de euros, pendientes de revisión por la actualización de precios, y prevé aportar el 50% de esa cantidad, unos 30 millones, mediante convenio. A esta financiación se sumaría el compromiso del Gobierno de Canarias de cubrir otro 25%.

Rodríguez advirtió de que la aplicación de la normativa fiscal ordinaria podría obligar al Cabildo a destinar los 30 millones estatales a amortizar deuda en lugar de invertirlos en obra pública. Además, alertó de que, si los fondos llegan al cierre del ejercicio sin una excepción presupuestaria, pasarían a remanente tras la liquidación del 31 de diciembre y no podrían utilizarse hasta junio o julio del próximo año, lo que supondría un nuevo retraso en la reconstrucción.

El presidente recordó que la institución lleva dos años y medio reclamando el reconocimiento de la excepcionalidad de La Palma para evitar estas limitaciones y pidió que se adopten medidas antes de que termine el año económico.

En materia de empleo, Rodríguez reclamó la continuidad de los programas extraordinarios vinculados al Cabildo y a los tres municipios del Valle de Aridane. Hasta ahora se han desarrollado cuatro convocatorias, dotadas con 63, 30, 30 y 12 millones de euros, respectivamente, mientras que para este año no existe una partida prevista.

El presidente subrayó que estos recursos permiten mantener las obras de recuperación y reforzar las plantillas de los ayuntamientos y del Cabildo, especialmente para agilizar la tramitación de licencias e informes sectoriales necesarios para avanzar en la reconstrucción.

Otra de las peticiones fue establecer una fórmula para compensar los 7.300.000 euros que el Cabildo adelantó para sufragar el alojamiento hotelero de las personas afectadas durante los momentos más críticos de la emergencia volcánica.

Por último, Rodríguez solicitó al Ejecutivo central que confirme la aplicación de la bonificación del 60% del IRPF comprometida para 2027, una medida que considera esencial para la estabilidad económica de la población palmera. El Cabildo confía en que la disposición mostrada durante la reunión se traduzca en soluciones concretas a corto plazo y valora que el Gobierno pueda seguir adoptando decisiones en funciones después de las elecciones del 29 de noviembre, evitando así tener que iniciar de nuevo las negociaciones.

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