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El Gobierno afronta el pago de la deuda de Canarias sin perjuicio del incremento del gasto social

El Gobierno afronta el pago de la deuda de Canarias sin perjuicio del incremento del gasto social
El Gobierno afronta el pago de la deuda de Canarias sin perjuicio del incremento del gasto social

Los Presupuestos harán frente al vencimiento de préstamos solicitados en mandatos anteriores y que se deben pagar obligatoriamente en 2020

El Gobierno de Canarias afrontará el próximo año el vencimiento de diversos préstamos solicitados por anteriores ejecutivos por importe 1.468 millones de euros, sin menoscabo de la inversión social que, antes al contrario, experimenta un importante crecimiento con respecto al presente ejercicio económico.


El proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2020 incluye la preceptiva liquidación de estas operaciones financieras -negociadas y programadas en mandatos pasados- a las que hay que hacer frente obligatoriamente.

Entre los préstamos a liquidar se encuentra uno en bonos solicitado el año 2010 por importe de 620 millones de euros; y otros dos con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica y al Fondo de Facilidad Financiera, por un total de 665 millones de euros.

Desde el punto de vista presupuestario, este pasivo de 1.468 millones de euros no es intercambiable ni puede destinarse a otros compromisos no financieros, entre otras cosas porque la vigente regla de gasto limita legalmente la capacidad de maniobra de la Comunidad Autónoma en este aspecto.

Precisamente el Gobierno de Canarias se ha pronunciado en reiteradas ocasiones -también en el Preámbulo de proyecto de Ley de los Presupuestos- sobre la imperiosa necesidad de modificar la regla de gasto, de modo que se permita que el gasto computable de las comunidades autónomas que cumplen con la normativa de estabilidad pueda crecer por encima de la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española prevista en el citado artículo.

Dado que las comunidades autónomas tienen un papel fundamental en la consecución del Estado de Bienestar -ya que tienen encomendadas la prestación de la mayoría de los servicios esenciales que garantizan la calidad de vida de los ciudadanos- la aplicación de la regla de gasto no debe penalizar a aquéllas que no incurran en déficit estructural y que tengan un menor volumen de deuda pública.

De cualquier forma, la correlación entre un menor pago de la deuda a los bancos y una mayor inversión social es técnicamente imposible y políticamente demagógica, puesto que la Comunidad Autónoma está obligada a pagar los citados vencimientos.

Con todo, las cuentas canarias para el próximo año permitirán dejar la deuda de la Comunidad Autónoma en el 13,6 por ciento con respecto al PIB, es decir 1,2 puntos menos que en 2018. En cifras absolutas, la deuda se situará el 31 de diciembre de 2020 en 6.571 millones de euros, lo que supone 236 millones menos que dos años antes. El próximo año, en concreto, la deuda viva se reducirá en 34 millones de euros.

Mayor compromiso social

En paralelo, el gasto social incluido en los Presupuestos ha experimentado un crecimiento del 6,1% con respecto a las cuentas de este mismo año, lo que se traduce en 352 millones de euros más y coloca este capítulo en 6.051 millones de euros.

El aumento de las partidas sociales de las cuentas canarias cobra mayor dimensión si se compara con el aumento del gasto no financiero, que lo ha hecho en un 2,7 por ciento.

En concreto, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes incrementa sus recursos en 125 millones de euros con respecto al presente ejercicio, lo que supone un 7,1% más; la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud crece en 44 millones de euros, un 9,6% más o el Servicio Canario de Salud en 134 millones, un 4,5% más. También el Servicio Canario de Empleo registra un aumento de 38,7 millones de euros, un 16,5%.

Por programas, cabe destacar el incremento de fondos para la Prestación Canaria de Inserción y su transición a la Renta de Ciudadanía, con 27 millones de euros más, para situarse en 88 millones de euros (+44,2%). En esta cantidad se incluyen 6,3 millones de euros (2 más que en 2019) para que los ayuntamientos agilicen los trámites de los solicitantes en sus oficinas.

También aumentan en 9,7 millones de euros la partida para la atención a la Dependencia, lo que supone un incremento del 4,5% con respecto a este año y sitúa los fondos totales en los 219 millones de euros. Del mismo modo la partida para Mayores y Discapacidad aumenta un 8% y se sitúa en los 51,7 millones de euros.

Otra partida que experimenta un notable incremento es la de Escuelas Infantiles de 0 a 3 años, en las que se invertirán 9,1 millones de euros, el doble de lo consignado este año.

Igualmente, las políticas de Vivienda experimentan un crecimiento de 15,4 millones de euros, un 19,5% más que este año.

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