El Gobierno de Canarias aprueba un decreto ley de choque para mitigar el impacto económico de la guerra

El paquete de medidas fiscales y ayudas directas cuenta con una inversión inicial de 29,8 millones de euros - Foto de archivo.

El Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde este lunes a un decreto ley de medidas urgentes diseñado para proteger el tejido productivo y a las familias canarias frente a la crisis internacional derivada del conflicto en Oriente Medio. Esta normativa, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), adapta al archipiélago el escudo socioeconómico estatal, teniendo en cuenta las singularidades del Régimen Económico y Fiscal (REF). Con un coste estimado que podría alcanzar los 60 millones de euros anuales si la inestabilidad persiste, el plan se centra en contener la escalada de precios en la energía, el transporte y la cesta de la compra.

Una de las medidas de mayor calado es la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo derivados del petróleo, gas y biomasa, lo que supondrá un ahorro directo de 14,1 millones de euros al año para los consumidores. Paralelamente, el Gobierno regional ha decidido blindar a sectores estratégicos como el agrícola y el del transporte, incrementando hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles, una partida que inyectará casi 20 millones de euros anuales de alivio fiscal a estos profesionales.

En el ámbito doméstico, el decreto amplía la lista de bienes esenciales libres de impuestos. A partir de ahora, la sal, la mantequilla y el café se incorporan al listado de productos con IGIC al 0%, una medida destinada a amortiguar el encarecimiento de la cesta básica. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado un importante incentivo para los trabajadores por cuenta propia: se eleva hasta los 50.000 euros el límite de facturación anual para que los autónomos puedan acogerse al régimen especial de pequeño empresario, eximiéndoles de la declaración del impuesto y reduciendo sus cargas administrativas.

Finalmente, el decreto ley reserva una partida extraordinaria de 7,2 millones de euros en ayudas directas para los sectores industrial y primario, con el fin de compensar el desorbitado incremento de los costes de producción y energía. Desde el Gobierno de Canarias se ha insistido en que esta respuesta inmediata es vital dada la vulnerabilidad de las islas como región ultraperiférica, reiterando al Estado la necesidad de incluir siempre una "cláusula canaria" en las políticas públicas para garantizar que las ayudas estatales sean efectivas y realistas en el contexto del archipiélago.