 |
| Cabrera rechaza que el Cabildo justifique los impagos culpando a otras administraciones |
El Grupo Popular recuerda que la Ley obliga a pagar a proveedores en un plazo máximo de 60 días.
Denuncian que existen facturas que acumulan más de un año de retraso pese a que el Cabildo dispone de presupuesto para afrontarlas.
“El problema no es la falta de ingresos sino una gestión que compromete gastos sin planificación necesaria”.
El consejero del Grupo Popular en el Cabildo de La Palma, Carlos Cabrera, considera inaceptable que el Grupo de Gobierno continúe justificando los retrasos en el pago a proveedores señalando a otras administraciones como responsables de la situación.
Cabrera recuerda que, con independencia de las relaciones económicas que puedan existir entre distintas administraciones, el Cabildo tiene la obligación legal de abonar las obras, servicios y suministros que contrata en un plazo máximo de 60 días. "Esa obligación no desaparece porque otra administración tenga pagos pendientes con el Cabildo. Son cuestiones completamente distintas", afirma.
El consejero Popular advierte de que existen facturas que acumulan retrasos de más de un año e incluso de año y medio, afectando a empresas y profesionales que ya han prestado sus servicios. "No se puede contratar un servicio, recibir el trabajo realizado y después buscar excusas para justificar que no se paga en plazo", señala.
Cabrera explica que la normativa presupuestaria exige que toda obligación de gasto cuente previamente con la correspondiente dotación económica. "Cuando una administración compromete un gasto es porque dispone del crédito necesario para atenderlo. Por tanto, no es cierto que los retrasos se deban a que otros no pagan al Cabildo", subraya.
A su juicio, el origen del problema está en la forma de gestionar los recursos públicos. "Lo que sucede es que se comprometen gastos sin la planificación adecuada, se ejecutan servicios sin completar correctamente los procedimientos administrativos y, posteriormente, aparecen los retrasos en los pagos que terminan perjudicando a empresas, autónomos y proveedores de la isla", explica.
El consejero recuerda que el Grupo Popular lleva meses alertando del incremento de la morosidad y de los millones de euros acumulados en reconocimientos extrajudiciales de crédito. "Los datos demuestran que no estamos ante un hecho puntual, sino ante una forma de gestionar que se repite y que deteriora la confianza en la institución", afirma.
"Los proveedores no necesitan explicaciones ni excusas. Necesitan cobrar en tiempo y forma. La credibilidad del Cabildo también se mide por el respeto con el que trata a quienes trabajan para la administración", concluye Cabrera.
0 Comentarios