El diputado Jorge González exige una inclusión educativa real para el alumnado NEAE de La Palma

El diputado Jorge González exige una inclusión educativa real para el alumnado NEAE de La Palma

El pedagogo y diputado socialista Jorge Tomás González Cabrera ha hecho un llamamiento público para garantizar una inclusión educativa real y efectiva para el Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la isla de La Palma. El representante insular enfatiza que la condición insular no debe convertirse en un obstáculo ni en una desventaja territorial a la hora de acceder a los recursos especializados que requieren las familias y los estudiantes.

Entre las principales demandas expuestas se encuentra el incremento del personal de orientación y de los especialistas de apoyo para atender adecuadamente a menores con discapacidad, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, así como dificultades de aprendizaje o de la comunicación y el lenguaje. Asimismo, se señala la urgencia de asegurar una atención temprana adecuada mediante una coordinación fluida y transversal entre los departamentos de Educación, Sanidad y Servicios Sociales.

La argumentación incide en que la verdadera inclusión no consiste únicamente en la escolarización en centros ordinarios, sino en dotar a las instalaciones de los medios precisos para que cada estudiante pueda aprender, relacionarse y desarrollar al máximo sus capacidades individuales. Esta atención debe ser equitativa en todos los municipios palmeros y comparable a la que se ofrece en las islas capitalinas del archipiélago canario.

Por otra parte, se hace especial hincapié en la preocupación por el futuro de los jóvenes una vez finalizada la etapa de escolarización obligatoria. Con el fin de evitar situaciones de incertidumbre al concluir las aulas, se reclama una mayor oferta en Formación Profesional Adaptada, empleo con apoyo, centros ocupacionales y programas orientados a promover la autonomía personal y la inserción social.

Finalmente, el diputado apela a situar a las personas y a las familias en el centro de las políticas públicas, recordando que detrás de cada diagnóstico hay un derecho fundamental que las instituciones deben garantizar. La educación debe consolidarse como una herramienta eficaz para reducir las brechas territoriales e igualar las oportunidades entre todas las islas de Canarias.