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El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16 millones en el primer semestre de 2026

El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16 millones en el primer semestre de 2026
El Gobierno garantiza la atención jurídica gratuita y turno de oficio con 16 millones en el primer semestre de 2026

Corresponde a las subvenciones concedidas a los Colegios de Abogacía y Procuraduría.

El Gobierno de Canarias ha concedido cerca de 16 millones de euros (15.995.948€) en subvenciones a los colegios profesionales de Abogacía y Procuraduría para garantizar la prestación de la atención jurídica gratuita y el turno de oficio durante el primer semestre de 2026. La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de estas concesiones para este servicio en este periodo.

Según información facilitada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, la finalidad es el pago de la compensación económica por los gastos de infraestructura y funcionamiento derivados de este servicio.

Los beneficiarios son los Colegios de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, además de los Colegios de Procuradores de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Son estos colegios los encargados de retribuir a los profesionales del turno de oficio que atienden a las personas que necesitan una defensa jurídica y no cuenta con recursos económicos suficientes.

El presupuesto de 2026 incorpora también el incremento de los baremos con los que se retribuyen los servicios prestados por estos profesionales. Tras la subida del 15 % aplicada en 2025, este año se han incrementado un 7%. El proceso culminará en 2027 con una nueva subida del 8 %, lo que permitirá alcanzar un aumento acumulado del 30 % en los módulos retributivos, conforme al acuerdo suscrito con los colegios profesionales para actualizar las cuantías en función del IPC.

El coste de la justicia gratuita incluye, además, la asistencia jurídica a las personas migrantes que llegan por vía marítima a las costas de Canarias, un servicio cuyo importe continúa sin ser abonado por el Estado.

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